En charla con la prensa, la política colorada entró en contradicciones al indicar primero que fue una visita oficial, luego que fue en carácter de senadora de la nación, no así emisaria de Mario Abdo Benítez, y posteriormente que recibió una invitación de una universidad de California. “No me fui en representación del Ejecutivo; hacen show para darme propaganda y me pone contenta que hagan ruido y me expongan (en las portadas)”, dijo. Sin embargo, la comisión de RR.EE. del Senado no estaba al tanto de esa invitación.

La emisaria oficialista Samaniego confirmó que pagó de su bolsillo la suma de USD 7.500 a un lobista, pero rechazó que haya sido para que Horacio Cartes sea designado por EE.UU. “Todo lo que hice es legal y transparente, pero estoy acostumbrada a que los corruptos pongan como algo ilegal lo que es legal. Cada una de mis reuniones rendía cuentas ante el plenario del Senado”, agregó.

No supo explicar por qué terminó pagando a una consultora para hacer lobby, siendo que supuestamente recibió invitación para ir a los Estados Unidos. Solo sostuvo que hizo el aporte al lobista, con quien trabaja desde hace tiempo pero que justamente nunca le cobró por su ayuda y solo ahora hubo un pago, porque están elaborando un proyecto juntos. “Vamos a presentar un proyecto sobre defensa, seguridad e inteligencia, en poco tiempo lo voy a presentar, estamos haciendo los ajustes”, intentó justificar.

Por último Lilian alegó que se reunió con legisladores norteamericanos para que reciban en septiembre al presidente del Congreso, “Cachito” Salomón, quien viajará a EEUU para reunirse con sus pares de ese país.

El lobby de Lilian

Por medio de un formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, denominado FARA, que es una información pública, se pudo comprobar que la senadora oficialista Lilian Samaniego en su reciente visita al país del norte el pasado mes de julio, en realidad consiguió reunirse con autoridades norteamericanas gracias a las gestiones de una firma consultora dedicada a hacer lobby. De este modo, se confirma que el oficialismo colorado acicateado por el propio Gobierno de Mario Abdo Benítez, tuvo intervención directa y estuvo operando ante autoridades de los Estados Unidos para influir sobre la imagen del expresidente Horacio Cartes, quien unas semanas después fue designado como “significativamente corrupto” por el Secretario de Estado.

Según el documento al que tuvimos acceso, el contrato fue firmado el 8 de julio pasado y en el cuadro en que se describe la naturaleza y el método de ejecución del acuerdo o entendimiento se explica que se trata de un acuerdo abierto (sin duración establecida) para organizar reuniones periódicas de la legisladora paraguaya con funcionarios e individuos en Washington, DC.

A continuación se especifica que la senadora ha acordado verbalmente compensar a Planty & Asociados con un honorario de US$ 7.500 (G. 51 millones) por la próxima visita de tres días a la capital estadounidense.

En cuanto a las actividades que tenía previsto desarrollar como parte del acuerdo, el consultor Donald J. Planty de la firma Planty & Associates LLC, describe que el solicitante del registro se encargará de organizar reuniones con homólogos/interlocutores del gobierno de EE.UU. así como del sector privado, líderes y ONG’s durante la visita de la parlamentaria.

El FARA es un estatuto de divulgación pública originalmente promulgado en 1938 como una respuesta legislativa a las extensas actividades de propaganda extranjera en los EE.UU. durante el período previo a la Segunda Guerra Mundial.

El Departamento de Justicia de EE.UU que es el organismo que hace cumplir y administra el FARA, también ha emitido opiniones consultivas y otras orientaciones para interpretar la ley.

En el caso de la visita de la senadora Samaniego, el agente designado, Donald J. Planty, estaba autorizado por ley a organizar actividades políticas destinadas a “influir de cualquier manera” en ” cualquier agencia o funcionario del Gobierno de los Estados Unidos” o “cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos”, con referencia a “las políticas internas o externas de los Estados Unidos o… los intereses políticos o públicos, las políticas o las relaciones de un gobierno de un país extranjero de un partido político extranjero”. Este es un término amplio que abarca cabildeo, actividades de relaciones públicas e incluso promoción turística.

Asimismo, entre sus actuaciones está previsto proporcionar ciertos servicios de relaciones públicas o relacionados con la política.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.