Para el miércoles 14 de octubre, a las 08:30, se prevé una audiencia pública vía Zoom para estudiar el cuestionado proyecto de ley que modifica la Ley 1.335/99 “Del servicio diplomático y consular”, cuya proyectista es la legisladora colorada Lilian Samaniego, quien también es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, donde se debate esta iniciativa legislativa.

“Dicha reunión tiene por objetivo escuchar las opiniones de todos los actores, tanto escalafonados diplomáticos, administrativos y funcionarios que no pertenecen a ninguno de estos escalafones, que tienen con relación al tratamiento de las modificaciones propuestas”, refirió la congresista a través de cuenta de Twitter.

Esta iniciativa pretende hacer una reforma a la ley de la carrera diplomática, sin embargo, el sector afectado cuestiona que algunos aspectos jurídicos y las implicaciones presupuestarias del proyecto, no solo pondrá en riesgo la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que representará un retroceso en el proceso de profesionalización de la carrera diplomática y consular de la República iniciado hace veinte años.

En su defensa, la senadora Lilian Samaniego asegura que existe nepotismo en el concurso que se lleva a cabo anualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la carrera diplomática, porque quienes ingresan son solo parientes de diplomáticos, según denuncia.

Julio Duarte Van Humbeck, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República del Paraguay (ADEP), es uno de los férreos defensores de la normativa que rige en la actualidad.

“Defendemos la Carrera Diplomática y Consular, su profesionalización y fortalecimiento, pensando en la grandeza nacional y la defensa de sus altos intereses. Le debemos lealtad únicamente a la República y a sus instituciones. El Paraguay necesita seguir en la senda de la política exterior de Estado, donde prime el interés general. A eso estamos comprometidos todos, y los que no están, van de contramano con la historia”, indicó.

Días atrás, dicha asociación mencionó que en tres ocasiones solicitaron audiencia a la comisión liderada por Samaniego, para demostrar que el proyecto de ley presentado no modernizará el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino pone en riesgo su institucionalidad.

Entre los puntos que son cuestionados figura que los diplomáticos puedan ejercer la política partidaria, eliminar la obligatoriedad del concurso público de oposición para acceder a la carrera del diplomático, y ampliar el cupo legal para ciudadanos no diplomáticos para que ocupen cargos en el extranjero.

Según los propios diplomáticos, se pretende eliminar el inciso k) del art. 34 sobre prohibiciones de los diplomáticos, de no ejercer actividad proselitista de carácter político-partidario en sus funciones.

En el siguiente punto, el proyecto apunta a modificar el art. 42 sobre la función consular, actualmente reservada únicamente a los funcionarios de carrera, por la que se politizaría el ejercicio de dicha función.

Además pretende apretar un botón de “reiniciar” a las disposiciones transitorias de la Ley, para hacer ingresar a un grupo de personas pasando encima del Concurso Nacional, con rangos superiores a Tercer Secretario, y solo debiendo dar un examen “de suficiencia”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.