Dicha solicitud fue hecha mediante un comunicado donde además señala que desde el inicio de la pandemia a raíz del COVID-19, las líneas aéreas han apoyado las medidas gubernamentales en materia sanitaria, donde la salud y el bienestar de los pasajeros primaron desde el principio.

En tal sentido, elaboraron e implementaron un estricto protocolo sanitario y señalan que el transporte aéreo no es un vector adicional de transmisibilidad del virus.

A seis meses del cierre de los aeropuertos internacionales a los servicios aéreos regulares, sostienen que nuestro país sigue siendo uno de los pocos de la región que no cuenta con una fecha concreta de reinicio de las operaciones. Así también expresa que Paraguay ha tenido el menor nivel de conectividad aérea en toda América Latina.

Por ende, sostienen que postergar la reapertura de los servicios aéreos regulares no solamente afecta la sostenibilidad de toda la cadena del sector aeronáutico y turismo, sino que también producirán consecuencias nefastas que podrían aislarlo aún más geográficamente.

No obstante, en caso que se produzca un cambio sustancial en las políticas públicas adoptadas, el retroceso en la oferta de servicios aéreos será superlativo. En cuanto al volumen aéreo, se volverá a niveles de 15 años atrás, por lo que el remedio será mucho peor que la enfermedad.

Menciona también que en las últimas semanas el Gobierno anunció la reapertura de las fronteras con Brasil y la eliminación del concepto de “fases” de la cuarentena. Sin embargo, las autoridades nacionales no han adoptado una fecha de reinicio para la reapertura de los aeropuertos internacionales.

Consideran que existe un trato discriminatorio hacia el sector y lamentan que el Estado no hay convocado a los representantes de JUCAIP a participar de las discusiones sobre la reactivación del sector.

Por último, indican que las exigencias sanitarias para viajar como el resultado negativo del PCR, cuarentena obligatoria y seguro médico ya no son razonables y desalientan el tráfico aéreo e impactan negativamente en toda la cadena de servicios turísticos.

“El transporte aéreo puede ser elemento catalizador para lograr el desarrollo económico y social a beneficio del país, pero se necesita urgentemente de políticas públicas adecuadas. La reapertura del aeropuerto ya no puede esperar”, finaliza la nota.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.