“Esta es la realidad de la justicia, lo que hoy le toca vivir a esta familia es lo que muchos paraguayos pasan o pasaron por la justicia, tenemos pruebas más que contundentes que muestran quiénes son los responsables de la muerte de Renato y consta en carpeta fiscal”, afirmó el abogado Martín Barba.

Cuestionó que a la fecha de hoy solo haya tres imputados y solo sea por omisión de auxilio con una expectativa de pena de un año. “Es una lástima siendo que hay personas de más jerarquía involucrados en la muerte de Renato”, agregó.

Los médicos imputados son María de Fátima Bastos A., José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera R.

Entre la documentación disponible sobre la investigación por ejemplo consta que la Doctora Laura Sena no era pediatra con matrícula el día que Renato ingresó a Urgencias del Sanatorio Migone , tampoco había un jefe médico o tutor en el servicio.

“La pediatra del día de la muerte de Renato no tenía matrícula de pediatra y lo dicen los informes del Ministerio de Salud y el doctor Gaete, era el encargado de contratarles estos médicos recién recibidos y no a especialistas”, indicó.

Según los documentos, la doctora Sean trabajaba desde enero de 2019 en el Migone como pediatra, Renato murió en agosto de 2019 y un mes después, Sena consigue su matrícula siendo que en agosto firmó los estudios del paciente como pediatra.

“Todo eso está asentado en un dictamen de Superintendencia de Salud, rompieron el juramente hipocrático estos médicos. El dictamen dice que faltaron instrumentos en urgencias, dice que la doctora Sena no tenía su título de pediatra, atendía sin matrícula y no es solo su responsabilidad, también de quien la contrata y si en esa Urgencias había un pediatra con experiencia, Renato estaría vivo”, afirmó Barba.

Otra irregularidad mencionada por el abogado es que la autopsia del niño se realizó en el sanatorio a cargo de la Doctora Ingrid Rodríguez, médica forense de la Fiscalía que sabe que ante una muerte dudosa hay que hacer el procedimiento en la morgue, no del hospital y así rompieron la cadena de custodia de los órganos y ella tampoco está imputada ni la llamaron a una audiencia indagatoria”, relató.

Barba advirtió que es mucha exposición para la salud de los hijos y de los seres queridos de cualquier usuario el manejo que se da en ese sanatorio.

“La fiscalía tiene la obligación moral de imputarle a todas estas personas como corresponde, como homicidio, no por omisión de auxilio. Los médicos dicen que Renato tenía neumonía y si tan mal estaba por qué no lo llevaron a terapia de niños si entró a las 8 de la mañana y falleció a las 12:30 sin ser cambiado de sala de complejidad, a las 10 se le hizo una placa de tórax en la que se vio que no tenía nada”, recordó el profesional.

Hace más de un año de la muerte del niño y con toda la documentación disponible tras la investigación, no hay más imputados ni acusados lo que puede considerarse como que la fiscalía está haciendo “la vista gorda”, afirmó Barba.

El profesional abogó por la demostración de empatía ante la situación ya que el próximo Renato puede ser el hijo, nieto o familiar de cualquier persona. “Hay que hacer presión juntos, para que dejen de reírse en nuestras caras”, puntualizó.

Por su parte, Rosi Angulo abuela de Renato lamentó la ideas y vueltas de las chicanas lo que se torna muy doloroso porque el tiempo se sigue dilatando para una sentencia.

“El tiempo se dilata, el 9 de diciembre termina la causa de estos tres médicos y ellas (las fiscalas Sara Torres y Nathalia Silva) siguen haciendo repreguntas ya contestadas a modo de lavarse las manos”, afirmó.

Angulo destacó que seguirán exigiendo justicia, todos los días porque consideran que todo está en la carpeta fiscal para tener más imputaciones y acusaciones.

“Todos los días pedimos imputaciones nuevas que pensamos que están determinadas en las pruebas de la carpeta fiscal y que a las fiscales parece no llamarles la atención. Estamos luchando día a día, desde mi rol de abuela, mi consuegra Carmen y los abogados estamos detrás de ellos sin dejarles un respiro porque pensamos que las cosas se tienen que dar alguna vez a favor de Renato”, manifestó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.