Liza Ortiz, víctima de supuesta estafa por parte de Mocipar, mencionó a radio Universo que finalmente la Fiscalía imputó a los actuales directivos de Mocipar luego de que 149 ciudadanos se juntaran y realizaran una denuncia colectiva contra personas innominadas por la estafa masiva que habría cometido dicha empresa.

Recordó que hace muchos años las víctimas denunciaban sus casos de manera separada ante las fiscalías barriales pero no conseguían respuestas. Como no veían avances, comenzaron a juntarse para presentar en junio de este año la denuncia en conjunto. En su mayoría los denunciantes provienen de Asunción, Villarrica y Ciudad del Este.

Ortiz resaltó que existen cientos de estafados que no exponen sus casos porque desconocen los procedimientos legales. Ante esto, puso a disposición su teléfono (0971) 607 – 754, para recepcionar sus documentos.

Comentó además que hay casos recientes de supuestas estafas de Mocipar y que están agrupando para que se investiguen por separado. “Siguen ocurriendo y ahora es peor. Todos los días recibimos casos nuevos. Les engañan a la gente cuando explican una cosa y luego resulta ser algo diferente”, agregó.

Consultada sobre la participación del ministro de Urbanismo, Dany Durand, en el esquema delictivo, la entrevistada resaltó que los casos denunciado ocurrieron cuando el político colorado y empresario dirigía Mocipar. “Toda la vida creímos que él era el dueño. En la época en que yo me asocié el presidente era Dany Durand. Las denuncias de estas 149 personas son casos ocurridos durante su gestión”, resaltó.

Ortiz mencionó que hasta el 2017 Durand firmaba los documentos como presidente de la firma. “Nosotros calculamos que él también tiene su cuota de culpabilidad, porque fue directivo y dueño de esa empresa por muchísimo tiempo. Él tenía que saber cómo se manejaba todo”, remató.

Dany Durand fue convocado a una indagatoria por la Fiscalía, según reconoció el mismo tiempo atrás, pero no fue incluido en la imputación, en la que sí figuran su exsocio Fernando Román Fernández, actual directivo de Mocipar S.A, y Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del mencionado grupo empresarial.

“Queremos que la justicia nos ayude con esto. No se pueden quedar con nuestra plata. Nos endulzaron el oído. Yo pagué 8 años, primero G 90.000, luego G 140.0000, G 160.000. Te hacen creer que con tu aporte acumulativo podés retirar un vehículo. Que era como una entrega. Cuando quise negociar me dijeron que tenía ya G 13 millones, pero me hicieron un nuevo plan con G 830.000. Pagué casi 10 cuotas más, pero no pude retirar el vehículo. Para nosotros es una burla y una humillación. Te dicen para elegir los vehículos pero es todo mentira”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.