La semana pasada se aprobó en las cámaras de Diputados y Senadores la ley que deroga la normativa que reglamenta el proceso de pérdida de investidura, más conocida como autoblindaje. La legislación exigía que un parlamentario podía perder sus fueros solo con el voto de 30 de los 45 senadores y 53 de los 80 diputados.

En caso de que el Presidente de la República Mario Abdo Benítez apruebe la ley del Congreso, solo se necesitará de mayoría simple (la mitad mas uno, en ambas cámaras) para que un senador o diputado pierda su investidura y pueda afrontar procesos judiciales, sin el beneficio de los fueros.

Sin embargo, el documento que deroga la pérdida de investidura hizo el circuito legislativo, fue firmado por el presidente del Senado Silvio Ovelar, los secretarios, el presidente de Diputados Miguel Cuevas y solo falta la firma de los secretarios de la Cámara Baja, que son coincidentemente Carlos Núñez Salinas y Carlos Portillo, según informó la periodista de la 650 AM Miriam Soilán.

Ambos estarían trabando la promulgación de la ley que debe ser remitida al Ejecutivo teniendo en cuenta que están siendo víctimas de repudio por parte de la ciudadanía.

En enero de este año, la Fiscalía había imputado a Portillo por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. En ese mismo orden, había pedido el desafuero del mismo para que pueda afrontar el proceso, lo cual hasta el momento no ocurrió.

El legislador altoparanaense es uno de los que fue descubierto en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a través de los cuales se supo de una red de tráfico de influencias. Las escuchas tumbaron al senador Óscar González Daher quien tuvo que renunciar luego de 22 días continuos de escraches y publicaciones periodísticas.

Núñez Salinas, por su parte, ya presentó una innumerable cantidad de chicanas para retrasar el proceso por contrabando que pesa en su contra. Según publicaciones del diario ABC, la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que declaró US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028.

Intercom Ingeniería fue denunciada en el 2013 por Aduanas ante la fiscalía porque ingresó decodificadores para TV, supuestamente sin pagar los tributos correspondientes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.