La modificación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) genera roncha entre empresarios porque principalmente el nuevo decreto reglamentario emitido al respecto reduce los gastos e inversiones que puedan ser deducidos (no pagados como impuestos) a la hora de la liquidación de ese tributo.

Marta González, viceministra de Tributación, sostuvo que desde el Gobierno vieron la necesidad de modificar la reglamentación de la Ley -pese a que del total de lo que recauda el Estado en concepto de impuestos el IRP solo constituye el 1,4 %- ante la alta elusión fiscal registrada en el país. En cuanto a ese punto, reveló que el nivel actual de fuga impositiva (del IVA) es del 30,9 %, siendo que anteriormente (2006) estaba por el 56 %. “No estoy contenta tampoco por estos números”, agregó.

Uno de los principales argumentos de rechazo de los contribuyentes es que la concepción de este impuesto fue netamente para formalizar la economía y no así para recaudar dinero para el Estado. Desde el sector empresarial indicaron que primeramente debe implementarse al 100 %, que todos paguen este impuesto, para luego aumentarlo.

“En el mundo no hay impuesto que no tenga el fin recaudador. No puedo decir cuál fue la intención primaria de esta Ley porque no estuve cuando se creó”, dijo sobre ese punto en específico la Secretaria de Estado de Tributación.

Resaltó que el decreto anterior se prestaba a diferentes interpretaciones. “Por cuestión de honestidad hemos solicitado el cambio, porque hubo un abuso de la ley de lo que establece en la deducibilidad de la ley. No podemos mirar a otro lado cuando este impuesto tiene agujeros por todos lados”, dijo.

González reiteró que los casos de que recurriendo a las “facilidades” de la ley muchos multimillonarios del país no tributan nada en concepto de IRP. En ese sentido, reveló que de los 500 mayores declarantes de ingresos en Paraguay (ganan entre 3.000 y 10 mil millones de guaraníes), 218 no pagaron absolutamente nada de impuestos, 122 pagaron solo el 1 % y solamente tres abonaron al fisco lo que realmente correspondía. Los que ganan entre 20 o 40 millones de guaraníes mensuales son los que están contribuyendo más, agregó.

En cuanto a la inestabilidad para las inversiones y la falta de consulta a las partes, que fue otra crítica del sector empresarial, Marta González comentó que no cree que se desmotivará la inversión. Se preguntó si los inversores irán a depositar su dinero en países de la región donde las tasas impositivas superan el doble de nuestro país. “Hay una mezquindad excesiva de gente que no quiere seguir pagando impuestos”, lanzó.

En otro momento, la entrevistada desmintió que la reglamentación de la Ley tenga un efecto retroactivo, sino que recién regirá desde el 2017. Con relación a las retenciones dijo que no hay fechas precisas para implementarlas porque se deben realizar algunas modificaciones. “No está definida la fecha para que entre a regir. Se está previendo para que se haga preliquidación del contribuyente”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.