A un costado de la ruta Acceso Sur, a la altura de la fracción Virgen del Pilar que pertenece a la colonia Thompson de Ypané, está ubicado el cementerio municipal de la ciudad. El camposanto está asentado en una zona vecinal y cientos de personas circulan por los alrededores a diario.

Lo que resulta curioso del cementerio es su proporción ya que la calle que se desprende de la ruta Acceso Sur permite pasar por la parte lateral del lugar de descanso de los difuntos pero las tumbas e incluso los panteones ya empezaron a ocupar parte de la vereda e incluso ya llegan a la calle.

Los vecinos, hartos de esta situación ya que por semana se están quedando con menos centímetros de espacio público para circular, denunciaron el hecho al diario HOY Digital y un equipo de este medio fue a constatar el hecho.

Tal como mencionaron, el cementerio va expandiéndose hacia la calle. Haciendo un cálculo rápido, la calle ya no cuenta con los 16 metros de ancho que debe tener según el artículo 229 de la Ley Orgánica Municipal sino que ya cuenta con solo 10 metros, aproximadamente.

Alberto Rojas, un lugareño, comentó que la calle vecinal va desapareciendo y que el cementerio está creciendo hacia la calle. “La gente, lastimosamente, cada vez que pierde un familiar se lo entierra en un lugar que no es adecuado. Se ve que están utilizando parte de la calle para convertirla en cementerio. Esto tendría que ser una vereda”, mencionó.

Dijo que son los mismos familiares los que construyen sus panteones, con permiso de la Municipalidad de Ypané para enterrar a sus muertos.

“Esto se está saliendo de control. Seguramente la Municipalidad tendría que tener otro terreno. El cementerio ya no abarca más. Termina el espacio que se tenía que utilizar, se tendría que comprar otro terreno. Creo que la gente que falleció se merece un mejor lugar y no ser enterrada en la calle”, mencionó.

CONCESIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Para que una persona pueda enterrar a un familiar en un cementerio municipal, en primer lugar debe gestionar el arrendamiento de un espacio. El mismo debe ser concedido por resolución y al interesado se le debe imputar el pago de impuestos anuales, como lo establece la Ley Orgánica Municipal.

En este caso, el propio municipio estaría permitiendo que se ocupen tanto la vereda como la calle de manera a no negar a los ypanenses la posibilidad de enterrar a sus muertos en su ciudad. Esto significa que funcionarios, o el propio municipio, estarían recaudando por conceder espacios que -literalmente- no existen.

¿QUÉ DICE EL INTENDENTE?

Para conocer la respuesta de la Municipalidad de Ypané fuimos hasta la sede pero, luego de una prolongada espera, el intendente Horacio Ortíz (PLRA) no pudo recibirnos. Obtuvimos la respuesta de que sus secretarios privados le iban a avisar de nuestra presencia pero, según nos manifestaron, no pudieron hacerlo porque el jefe de la Comuna estaba en una reunión “muy larga”.

Desde la redacción sí pudimos conversar con Ortíz. Mencionó que ordenará la revisión ya que no está en conocimiento de que la calle está siendo ocupada por el cementerio. Incluso, mencionó que se realizaron algunas modificaciones internas para albergar a más personas fallecidas pero que no sabía que el crecimiento se produjo en forma desmedida.

Recordó que desde el 2013 existe un pedido de adquisición de un nuevo cementerio. Dijo que existen entre seis y ocho defunciones por semana y que el crecimiento de la población alcanzó las 120.000 personas.

Si bien existe una intención de compra de terreno, expreso que están tropezando con problemas en cuanto a la disponibilidad de espacios. Mencionó que nadie quiere venderle al municipio una sola hectárea de tierra porque las inmobiliarias pagan mejor precio.

Incluso, el terreno a ser adquirido debe tener licencia del Ministerio del Ambiente y de nada sirve comprar un espacio que no tenga este requisito.

En algunas ocasiones, dijo que los dueños retiraron la carta de propuesta de venta porque no quieren vender sus terrenos a precio fiscal.

Le consultamos si está enterado que algunos de sus funcionarios permiten que el cementerio ocupe la vereda y respondió que no sabe pero que indagará al respecto, tanto en Necrópolis como en Catastro Municipal.

Mientras Ypané no puede comprar un terreno para trasladar el cementerio, el que ya existe está creciendo de forma desproporcionan y amenaza con ocupar un espacio público que sirve a los vecinos de circulación peatonal y vehicular.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.