Conflicto en la hidrovía: los tres pasos antes de llegar al arbitraje

Las instancias a las que se debe recurrir ante una controversia, el proceso de arbitraje en caso de no encontrar una solución y los plazos para la expedición son puntos que figuran en el Protocolo Adicional del Acuerdo de Transporte Fluvial. Sepa lo que dicen los documentos.

Los países signatarios en una controversia, a través de sus organismos nacionales competentes, procurarán resolverlas en primer lugar, mediante consultas y negociaciones directas (paso 1), según lo establece el artículo 2 del Protocolo Adicional Adicional del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres- Puerto de Nueva Palmira).

Si con las negociaciones directas no se alcanzare una solución en un plazo razonable, (que no aclara cuál es) o si la controversia fuese solucionada solo en forma parcial, cualquiera de los países signatarios en la controversia podrá someterla a consideración de la Comisión del Acuerdo (paso 2)

Dicha Comisión evaluará la situación con los elementos pertinentes y dará oportunidad a las partes para que expongan sus posiciones, requiriendo, cuando lo considere necesario, el asesoramiento de expertos, según señala el artículo 3.

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Posteriormente, la Comisión de Acuerdo formulará recomendaciones tendientes a la solución de la controversia.

Si el inconveniente persistiera, cualquiera de los países en controversia podrá someterla a consideración del CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía), que es el órgano político que interviene en el funcionamiento del acuerdo (paso 3).

Si aun así no se alcanzare una solución, cualquier de los países signatarios en controversia tendrá la opción de recurrir a un Tribunal Arbitral (paso 4).

Cada país en controversia nombrará un árbitro y los dos árbitros designados se pondrán de acuerdo para elegir como presidente del Tribunal a un nacional de otro país, sea o no signatario del Acuerdo.

Los árbitros, que deberán ser juristas de reconocida competencia, serán nombrados en el plazo de 15 días y el Presidente en 30 días a partir de la comunicación de recurrir al arbitraje.

Según el artículo 12, a solicitud de la parte interesada y en la medida en que existan presunciones fundadas que la continuidad del conflicto ocasionaría daños graves e irreparables a una de las partes, el Tribunal podrá dictar medidas provisionales que considere apropiadas

El Tribunal Arbitral se expedirá por escrito en un plazo máximo de 30 días, prorrogables por igual lapso a partir de su constitución. Las decisiones serán inapelables y obligatorias para los países signatarios.

No obstante, sí podrán solicitar dentro de los 15 días de notificación, una aclaración o una interpretación sobre la forma en que debe cumplirse, según el artículo 16.

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Abastecen con miles de litros de agua a comunidades indígenas y rurales en el Chaco

Para aliviar la escasez de agua en las zonas más vulnerables del Chaco paraguayo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continúa con el esfuerzo conjunto de abastecimiento de agua potable a las comunidades indígenas y rurales de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.

En Boquerón, el operativo incluyó la entrega de 200.000 litros de agua en el municipio de Filadelfia, atendiendo a las comunidades indígenas de 10 de Junio, Amistad, Jesubi y Santo Domingo, con un total de 32 familias beneficiadas. En el municipio de Mariscal Estigarribia, se distribuyeron 300.000 litros de agua entre las comunidades indígenas de Laguna Negra, Primavera, comunidad 220, Santa Teresita, Campo Loa y D17, alcanzando a 67 familias.

En el departamento de Presidente Hayes, las comunidades indígenas y rurales del distrito de Villa Hayes también fueron apoyadas a través de este programa. En Pozo Colorado, se distribuyeron 60.000 litros de agua el 28 de octubre, beneficiando a 200 familias.

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En la misma localidad, la Comunidad Indígena Jerusalén recibió, hasta el 1 de octubre, un total de 70.000 litros de agua, beneficiando a 500 personas. La comunidad Indígena de Palo Blanco, ubicada en el mismo distrito, fue abastecida con 60.000 litros de agua, ayudando a 400 personas.

Además, en Pozo Colorado, se abastecieron 20.000 litros de agua potable a 50 familias de la Base de Distrito y sus alrededores, asegurando que el recurso llegara directamente a cada hogar.

Desde el MOPC señalaron que este operativo es una muestra de los esfuerzos de las autoridades por llevar agua potable y apoyar a las comunidades indígenas y rurales del Chaco paraguayo, mientras sigue el monitoreo permanente para implementar más operaciones de abastecimiento en zonas críticas del país.

Aso de fiscales condena amenazas contra fiscala de la causa “Duck Sex Games”

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay expresa su repudio y preocupación por las amenazas recibidas por la fiscal Ruth Karina Benítez, quien lleva adelante la causa “Duck Sex Games”.

A través del comunicado, los fiscales manifestaron su rechazo contras las amenazas que recibió la fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, y piden tomar el hecho con seriedad.

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Sostienen que cualquier amenaza que reciban un agente fiscal es un atentado contra la administración de Justicia y el Estado de derecho, por lo que piden reforzar la seguridad de los trabajadores.

“Nos solidarizamos plenamente con la fiscal Ruth Karina Benítez y como Asociación, reiteramos nuestro respaldo absoluto a cada fiscal que enfrenta riesgos y desafíos en el cumplimiento de su deber”, reza parte de la nota.

Benítez denunció que fue amenazada este lunes a través de una nota intimidatoria que llegó en ramos de rosas hasta su oficina en el Ministerio Público.

La fiscal está a cargo de la investigación derivada de la Operación “Duck Sex Games”, realizada junto al Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, en la cual el empresario Luis Montanaro está procesado.

Ordenan detención de dos hombres por tramar estafa de más de G. 2.300 millones

El fiscal Luis Trinidad Colmán ordenó la detención de dos hombres presuntamente involucrados en una tentativa de estafa por más de 2.345 millones de guaraníes en perjuicio de la empresa Zona Franca Global Paraguay S.A. Comercial y de Servicios de Ciudad del Este.

Los sospechosos, identificados como José Agustín Rufinelli Romero y Guillermo Alberto Sosa Benítez, actualmente se encuentran prófugos de la justicia. Un tercer involucrado, utilizando la identidad de Emilio Ismael Ayala Larroza, habría solicitado a la empresa afectada pago a proveedores.

Uno de ellos se habría hecho pasar por el presidente de la firma para solicitar transferencias a las cuentas de los presuntos estafadores en los bancos Visión y Bueno Bank, en la sucursal de Santa Rita.

Sin embargo, la maniobra fue detectada a tiempo, lo que permitió evitar la millonaria defraudación.

En el marco la investigación del caso, el fiscal Luis Trinidad también había ordenado la detención preventiva de Emilio Ismael Ayala Larroza, quien fue privado de libertad, pero luego se pudo determinar que no tuvo participación en el ilícito y que los presuntos responsables habrían utilizado sus datos personales para la tentativa de la millonaria operación fraudulenta.