En entrevista con la 650 AM, el concejal Óscar Rodríguez habló sobre una serie de temas que hacen referencia a la situación actual de la ciudad de Asunción y la gestión municipal.

Dentro de los puntos que abordó durante la entrevista radial hizo mención a una serie de denuncias que tienen como protagonistas a propios trabajadores de la Municipalidad de Asunción.

De acuerdo a las denuncias, existen funcionarios municipales que visitan algunos locales comerciales los días viernes para extorsionar a los propietarios con el fin de sacarles algo de dinero.

Rodríguez mencionó que, en este tipo de casos, los funcionarios “le buscan el pelo al huevo” y tratan de encontrar alguna justificación para hacer este tipo de pedidos, pero sin siquiera contar con orden de la municipalidad y de forma totalmente irregular.

En ocasiones, estas personas llevan hojas de intervención originales pero brindan nombres falsos a los propietarios intervenidos con el fin de evitar ser descubiertos.

El presidente de la Junta Municipal sostuvo que muchos de los comerciantes suelen estar en regla pero como no quieren tener problemas acceden al pedido de coima y pagan la suma de dinero exigida, lo cual convierte este modus operandi en “un sistema de extorsión”.

Según mencionó, las sumas de dinero pueden varias dependiendo del caso e ir a partir de los G. 200.000 en adelante.

En caso de ser víctimas de este tipo de hechos, Rodríguez pidió a los propietarios de negocios en la ciudad capital que puedan acercar sus denuncias -inclusive con imágenes del circuito cerrado de ser posible-, de manera a darles seguimiento y descubrir a los funcionarios desleales.

Asimismo, advirtió que “van a echar a patadas” a aquellos que incurran en este tipo de conductas que se encuentran al margen de la ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.