“Para el Ministerio de la Mujer esto es un grandísimo perjuicio, para mí que no se estudió bien”, expresó la ministra Ana María Baiardi en conversación con nuestra redacción. El pasado jueves 4 de agosto, la Cámara de Senadores decidió no acompañar el pedido Ejecutivo, que solicitaba la aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de U$S 20 millones, para el financiamiento del “Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana”, a ser ejecutado por el Ministerio del Interior pero que en gran parte iba a beneficiar al Ministerio de la Mujer.

Baiardi indicó que los recursos del BID iban a ser destinados en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres paraguayas, que es considerada como inseguridad y va en aumento. Detalló que una parte del dinero pretendería ser empleada en una encuesta nacional, para tener la actualización de los casos. El último estudio se hizo en el 2013 y abarcó solo a cuatro ciudades.

Otra parte del préstamo se usaría en la puesta en marcha de un enlace directo (intranet) entre el sistema del fono ayuda de la Mujer 137 y el 911 de la Policía Nacional. La reeducación del agresor leve era también un punto a ser atendido con la plata del organismo internacional, así como las campañas de comunicación para definir nuevas masculinidades.

La ministra mencionó igualmente que los policías ya se formarían, desde la época de cadete, en cómo tratar casos de violencia y equidad de género. Sin embargo, ninguno de estos objetivos podrá ser cumplido luego del rechazo de los parlamentarios liderados por la senadora de la oposición, Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP).

“Esto no era una simple capacitación como quisieron instalar, esto apuntaba a una reducción de la violencia, a generar acciones para que generaciones futuras puedan romper el ciclo de violencia. Del 2011 al 2015 tuvimos un caso de feminicidio cada quince días, en lo que va del 2016 tenemos uno cada 11 días. No estamos viendo el problema, nos quedamos con el árbol y no vemos el bosque detrás de eso. A lo mejor no les gustó algo, pero ¿por qué rechazar? ¿por qué no decir ‘cambien esto’? si no estamos cerrados para eso”, lamentó.

Baiardi insistió que no se pueden hacer políticas públicas sin saber la realidad nacional. “El tema es grave y Paraguay no es la excepción. La violencia contra la mujer está tomando a nivel global grados que no tiene precedentes. Un estudio reveló que el mundo pierde al año 11% del PIB por violencia de todo tipo, de los cuales el 5,2% es por violencia contra la mujer. En este país por un estudio que hicimos el año pasado la empresa privada pierde 700 millones de dólares al año por la violencia intrafamiliar”, sentenció.

MINISTRO DE HACIENDA

Para el ministro de Hacienda, Santiago Peña, es “muy negativo” que el Senado haya rechazado un préstamo de US$ 20 millones del BID para un proyecto de seguridad ciudadana que incluía a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Declaró que que el rechazo obedece a una cuestión política de crispación en el ambiente entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Pidió a los parlamentarios que antepongan los intereses de la ciudadanía antes que los personales-partidarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.