​El extranjero percibió una suma importante de dinero desde el 15 de agosto del 2008, fecha en que el exobispo de San Pedro asumía la Presidencia. Facturas de pago señalan que Lino Xavier Valencia Montes cobró 45 millones de guaraníes por trabajar cuatro meses, es decir, desde el 15 de agosto hasta diciembre del 2008.

Al año siguiente siguió percibiendo dinero del Estado, desde enero a junio, la suma de 10 millones de guaraníes, totalizando G. 60 millones. Sumando los dos montos, el español se embolsó unos 105 millones de guaraníes entre el 2008 y el 2009.

Para pagar al abogado hicieron figurar su contratación en una orden de compra de Yacyretá, donde registraban su labor como “servicio en el Gabinete de la Presidencia de la República”, que en época de Lugo estaba a cargo del ahora senador de Avanza País, Miguel Ángel López Perito.

Las facturas a las accedió nuestro medio llevan la firma del primer director paraguayo de la EBY en la era Lugo, el ingeniero Carlos Cardozo Florentín. (Ver documentos). El caso del Valencia Montes “saltó a luz” cuando se descubrió que sin trabajar percibía un jugoso salario como funcionario de la Justicia Electoral.

El extranjero fue nombrado en el TSJE en el 2012 con un sueldo de G. 6 millones y luego fue comisionado a la Cámara de Diputados en calidad de asesor, por pedido de la diputada de Avanza País, Karina Rodríguez. La dirigente de izquierda firmaba la planilla de asistencia de Lino Xavier mientras este se encontraba fuera del país.

Rodríguez, quien renunció a su banca para asumir como directora del Área Social de la Municipalidad de Asunción, intentó justificar la irregularidad manifestando que se trató de una “falla administrativa” y que no tendría problemas en devolver lo percibido por su asesor en dos meses (G. 12 millones).

Tanto la funcionaria municipal como el profesional español están a un paso de ser imputados por cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos falsos. La fiscal Nadine Portillo es la designada para atender este caso. La misma adelantó que en el transcurso de esta semana definirá si imputa a estas dos personas.

MARIO: “NO ES CUCO QUE COME NIÑOS”

Desde que este tema se instaló, el intendente de Asunción Mario Ferreiro defendió a Karina y Lino. Ayer, al cumplir un mes de gestión en la Comuna capitalina, indicó que no podía actuar de forma preventiva y destituir del cargo a la mujer sin que la Fiscalía se expida sobre la situación.

“Necesito esperar (…) entiendo la premura de los medios, la presión ciudadana pero me parece fundamental que cumplamos con los procesos. Vamos a esperar la imputación, que parece que va salir, y en base a eso voy a tomar la decisión”, declaró.

Respecto al español dijo que le asusta la manera en que lo involucran en toda la trama y pidió un poco de respeto. “Estamos por llegar a la conclusión que Valencia era el asesino de John y Robert Kennedy, me parece que hay un límite para todo, es profesional reconocido, no es un cuco que come niños de noche”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.