En el programa ‘Conversando con Correa’, publicado por RT, el expresidente de Ecuador dialogó con Fernando Lugo, exmandatario y actual senador de Paraguay, sobre la inestabilidad política de la región latinoamericana, la situación de las fuerzas progresistas y la actualidad de la Iglesia católica, entre otros asuntos.

Sobre los escándalos relacionados con los abusos sexuales y la pederastia en el seno de la Iglesia católica, Lugo, que fue obispo antes de iniciar su carrera política, indicó que “el primer error ha sido cerrar los ojos a una realidad, porque es una realidad” dentro de la institución.

Afirmó que “la pedofilia es un gran tema y explota como una bomba en la mano de los miembros de la Iglesia y no se puede esquivar”, por lo que insta a la institución a “aceptar, reaccionar y corregir” estas situaciones.

Así también consideró que si bien es un golpe fuerte que proviene de la persona menos esperada, este abuso “se debe tratar con misericordia y justicia” a la vez. “¿Tu le podrías decir eso al padre de un niño abusado por un sacerdote? Que debe tener misericordia”, preguntó Rafael Correa. A lo que Lugo respondió de manera afirmativa: “Y justicia”.

El legislador recordó que el pecado original es querer ser igual que Dios y querer ser jueces, siendo que “muchas veces en nuestros juicios somos muy injustos”.

Sobre las acusaciones de sexismo en la Iglesia, aunque se mostró partidario de la equidad de género y la fraternidad, manifestó que cambiar el papel de la mujer dentro de la institución religiosa en un camino muy “lento”.

En otro momento, Lugo reflexionó sobre la historia de nuestro país: “Paraguay está signado por el dolor, por el sufrimiento, con una historia de luchas, de sangre, de muertes con vecinos, con hermanos”, dice. En este sentido, habló sobre la guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay con Bolivia, asegurando que “fuerzas externas son las que provocaron” aquel conflicto, así como los “intereses económicos, sobre todo del petróleo”.

Aunque el ahora senador, en referencia sobre todo a EE.UU., sostuvo que esas “fuerzas externas” tienen parte de la responsabilidad de la inestabilidad de la región, y opinó que es una carga compartida con otras “fuerzas internas”. “También los paraguayos tenemos una gran responsabilidad y sobre todo la clase política paraguaya: tenemos una deuda social, económica, muy fuerte con la ciudadanía paraguaya”, asevera, “y asumo parte de esa responsabilidad”, sentenció.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.