El abogado Pablo Duarte, exfiscal quien en mayo del 2009 fue detenido por el cobro de una supuesta coima para liberar dos vehículos que pertenecían a los padres de Dalma Rojas, negó que haya cometido tal situación y aseguró que tuvo que renunciar tras ser denunciado por Elba Rodas por supuestamente exigirle dinero.

En charla con radio Monumental, señaló que él la estaba investigando tras ser denunciada por un colono sobre la sustracción de un vehículo de gran porte en una barrera falsa en Cordillera.

¿Cómo pudo secuestrar el vehículo? Duarte explicó que la ahora fallecida en aquel entonces se presentaba como asistente fiscal de Arnaldo Giuzzio con una tarjeta falsa. Aclaró que no le consta que ambos hayan tenido vínculo laboral.

A esto se suma que la mujer tenía en su poder una orden de incautación firmada por una jueza de Luque y la denuncia realizada por una supuesta víctima de robo del vehículo, quien resultaba ser su esposo, el también asesinado en la “casa del horror” Julio Rojas, sobre quien el entrevistado dijo que era un hombre muy violento.

“Ella tenía una tarjeta de presentación, donde ponía que era asistente fiscal de Delitos Económicos. Ella captaba y se presentaba ante potenciales víctimas y les embaucaba. Por su denuncia yo tuve que renunciar porque el caso duró dos años y se tuvo que dar una salida procesal y tuve que pagar una multa, me afectó mucho”, aseveró.

El letrado comentó que la mujer era muy nerviosa, adicta a los fármacos y a la marihuana; mientras que su marido era adicto a los juegos de azar. Respecto a Dalma Rojas, mencionó que la misma era maltratada por su padre y que era carente de cariño. “Una vez vino a casa a pedirme perdón, se arrodilló, pero le dije que ella no tenía la culpa por lo que hacían sus padres. Su mamá me perjudicó mucho”, recordó.

Así también rememoró que Elba lo perseguía, acosaba y luego también le pidió disculpas. “Me decía que quería trabajar conmigo, pero le dije cómo yo trabajaría con una delincuente”, remarcó.

GIUZZIO CONFIRMA

Consultado sobre este caso, Arnaldo Giuzzio, quien actualmente ocupa la titularidad de la Senad, mencionó que sí llegó a conocer a la señora Elba hace unos años cuando era fiscal y ella presentó una denuncia contra Duarte.

“Hace unos años se había acercado a plantear una denuncia contra un fiscal, creo que era Duarte, Pablo Duarte, porque aparentemente le solicitaba una suma de dinero para devolverle un vehículo. Martín Cabrera fue quien llevó la investigación”, dijo.

El exagente confirmó que le habían contado que la ciudadana se hacía pasar como su asistente fiscal, pero llamativamente no la denunció. “Le mencioné esto a la señora y creo que dije que no haga más eso, aunque no me constaba que lo hacía. Si tenía elementos por supuesto que sí iba a profundizar (y denunciar)”, añadió.

“Era una señora con muchos problemas familiares, económicos, procesos en todas partes. Era muy conflictiva, me llamaba permanentemente. Tenía problemas hasta aparentemente de persecución. Era casi un acoso telefónico. Ella fue hasta al Senado, me pedía socorro en muchas causas. Era una cosa que nos daba pena la situación de la señora”, dijo.

La autoridad señaló que Elba “se descargaba” cuando lo llamaba e indicó que no recuerda que la misma haya participado en calidad de informante en alguna causa que le haya tocado investigar.

“No había ningún vínculo más que el laboral. Aparte de esta clase de gente, yo suelo recibir a todos y es una actividad natural que hice en mi función de fiscal. Hay mucha gente que se acercaba por confianza y el trato que le brindábamos. (…) Una paciencia franciscana (yo tenía), pero eso lo hacemos con mucha gente”, aseguró respecto a por qué había tanto acercamiento entre ambos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.