La madre de la víctima contó en diálogo con radio 1020 AM que su hija era aspirante a bombero voluntaria y el pasado 2 de enero, al término de la práctica de juramento, sus amigos Rodney Piris y César Molinas – supuestos autores del hecho – se encargaron de llevarla a su casa. No obstante, la víctima declaró que los mismos le dieron de tomar cerveza y luego le dieron lo que ella creyó era “Yerón” para no amanecer con resaca.

La mujer dijo que su hija confiaba mucho en Molinas, ya que es su amigo, así que ingirió la pastilla pero al poco rato comenzó a sentirse mal y estos la trasladaron a una oficina en el local de Ykua Lima, lugar donde habría sucedido el hecho.

En consecuencia, tras enterarse realizó un posteo donde menciona que a su hija no solo la drogaron y la violaron entre los dos, sino que además la amenazaron para evitar que cuente lo que pasó.

Posterior a la violación menciona que “la volvieron a vestir y se confundieron. Molinas le puso a ella el cinto de Piris, y este tipo (Molinas) al día siguiente más descarado imposible, se va a mi casa a llevarle una pastilla PRONTA para que la tome porque estos cerdos ni preservativos utilizaron”, detalla en su publicación.

“Mi hija se siente muerta en vida, me dice que se siente sucia, tiene ataques de pánico y se quiere morir. Hago responsables de cualquier cosa que le pueda suceder a ella a estos desgraciados. Que desde que hicimos la denuncia, la persiguen en sus vehículos donde ella se va para hacerla tener miedo”, lamenta en su posteo.

Finalmente, la entrevistada dijo que su hija le había mandado videos a su pareja cuando estaba en compañía de los dos hombres, que arrimará posteriormente a la Fiscalía como evidencia. La madre pide justicia y desmiente que la intención de esta denuncia sea obtener dinero.

Por su parte, el capitán Luis Rojas, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), en entrevista con Radio 1000, lamentó que los dos bomberos de la ciudad de Ypacaraí estén involucrados en este hecho de supuesto abuso sexual.

El capitán sostuvo que tras tomar conocimiento de la denuncia, la institución activó inmediatamente el protocolo y separó como medida preventiva a los presuntos agresores.

Mencionó que dicho protocolo consiste en la asistencia integral a la víctima y la puesta en conocimiento del caso al Ministerio Público, para la apertura de una investigación.

“No es el primer hecho de este tipo lastimosamente, no podemos emitir juicio de valor nosotros, pero nos duele enormemente de confirmarse ya por la justicia esto”, lamentó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.