Evelin Benegas es madre de una niña de 4 años y reside a cuatro cuadras de la Escuela Nro. 2121 Inmaculada Concepción de Reducto- San Lorenzo, por lo que desde noviembre del año pasado se puso en campaña para intentar inscribirla en esa casa de estudios. En cinco oportunidades fue a consultar a los directivos de la institución educativa el proceso y la fecha para la inscripción, pero siempre recibía respuestas evasivas, como que luego iban a darse todas las directrices. La última vez le informaron que el registro iba a hacerse en la primera semana de diciembre. Fue así que, según contó a la redacción, la joven madre madrugó el día de las inscripciones y fue a esperar junto a otras 50 personas frente a la escuela. Grande fue su sorpresa cuando los directores salieron a informar a los presentes que solo había 40 cupos para los chicos del Jardín (20 en el turno mañana y 20 en el de la tarde) y que unos 35 ya estaban pre-inscriptos por lo que ya tenían ocupados esos lugares. “La directora nos dijo que allí tienen prioridad porque solo cuentan con un grado de Jardín, porque el barrio creció y hay mucha demanda. Por eso tenían ya anotados a alumnos mochileros, hijos de la asociación, entre otros. De las 50 personas que estábamos ahí, solo 5 lograron inscribir a sus hijos”, denunció Benegas. Ante este revés, la madre fue hasta la Coordinación educativa de la zona para obtener respuestas, sin embargo, aseguró que ni siquiera le tomaron su queja. “Entonces ya no supe a qué instancia acudir. Y como yo necesito que mi hija ya vaya a la escuela, así puedo trabajar también, entonces tuve que inscribirla a un colegio privado que me queda a 1 km y medio de mi casa, voy a tener que hacer el esfuerzo de pagar las cuotas y ver la forma de llevarla”, agregó. Si bien ya consiguió inscribir a su hija en una institución privada, Benegas recibió una noticia como un baldazo de agua fría, se enteró que personas allegadas a los directivos de la escuela pública supuestamente lograron inscribirse este mes, por lo que decidió exponer la presunta irregularidad. “Una vecina mía que es conocida de la directora recién le inscribió a su hijo en el Jardín, la verdad que no es claro el proceso de selección. No es democrático, es dedocrático porque solo dan al entorno”, cuestionó. La madre también cuestionó que el Ministerio de Educación nada hace para ampliar las ofertas académicas y responder así a la gran demanda de la ciudadanía que pretende que sus hijos estudien en el ámbito público.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.