Con ese fin, Vera lanzó esta semana la campaña “Navidad sin balas”. Se trata de concienciar sobre las consecuencias de esa funesta práctica que se repite cada Navidad y Fin de Año, especialmente en el Gran Asunción, donde falleció Paz Valentina, su hija.

Vera recordó que la niña se encontraba jugando en el patio trasero de su casa la madrugada de Navidad de hace dos años cuando fue alcanzada por una bala, que un vecino del barrio disparó al cielo.

El proyectil alcanzó la clavícula izquierda de la niña y le seccionó una parte de la arteria aorta, causándole la muerte media hora más tarde, según relató.

Desde entonces Vera trabaja para “evitar que otras personas tengan que padecer lo mismo”, una determinación de la que surgió “Navidad sin balas”.

La campaña contó con una gran difusión gracias a eslóganes como “Las balas no van al cielo; las personas, sí”, que prendió en las redes sociales paraguayas.

Por su parte, los principales centros comerciales de Asunción, que ya acondicionaron su interior con la típica decoración navideña, se sumaron a la campaña presentando sus pesebres sin la figura del Niño Jesús.

Con ello dan a entender que cada Navidad alguna familia paraguaya pierde a uno de sus integrantes a causa de esas balas sin diana aparente.

“Cada año muchas familias quedan incompletas por culpa de las balas perdidas”, señaló Vera.

Si bien la Navidad es la época más propicia para ese “tiro sin blanco”, la costumbre se extiende también a cualquier fin de semana en Paraguay.

Así, siete personas murieron en 2013 por disparos al cielo y en lo que va de 2014fallecieron ocho, dijo Aníbal Filártiga, director del Hospital de Emergencias Médicas.

Añadió que esas cifras se mantienen en niveles similares desde 2009, alcanzando su máximo en 2011, cuando se registraron 12 muertes por balas extraviadas.

“Es una práctica de borrachos e inconscientes, que tienen un arma y parece que imaginan que la bala va a diluirse en una nube. Pero si son medianamente pensantes deben saber que esa bala puede caer”, opinó Filártiga.

El médico cree que esta costumbre, netamente masculina, es “un resabio de la dictadura”, ya que “quienes lo hacen generalmente son exmilitares o expolicías que tienen armas en su poder”.

Pero Vera sigue sin entender cuál es “la satisfacción” que puede producir “un segundo de escuchar un tiro al aire”.

“No sé si lo que quieren es sentir una hombría que no tienen, pensar que son omnipotentes, o superiores a los demás”, manifestó.

En el caso de su hija, las autoridades rastrearon la procedencia de la bala y dieron con el autor del disparo: un taxista que vivía a diez manzanas de la casa de la niña.

El hombre permanece bajo arresto domiciliario desde entonces, en el mismo barrio de la víctima, y la próxima semana se someterá a juicio oral acusado de un delito de “homicidio culposo”, que puede castigarse con multa o con hasta cinco años de prisión, detalló Vera.

Explicó además que el fiscal del caso quiere elevar la categoría del delito a la de “homicidio con dolo eventual”, que podría conllevar una pena de hasta 20 años de cárcel.

“Queremos que la pena sea dura para que siente un precedente. Sé que no fue su intención matar a mi hija, pero cometió un acto irresponsable y debe pagar por ello”, sentenció Vera.

Añadió que “no puede ser que los niños tengan que estar encerrados en casa por miedo durante la Navidad, mientras los asesinos en potencia que disparan sus armas están libres”.

“Debería ser al revés. Disparar al aire es un delito”, manifestó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.