El ganadero Rolando Ismael Fernández, en compañía de otros amigos, inició en el 2015 un proyecto de explotación ganadera en cuatro campos ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, a 150 kilómetros de Mariscal Estigarribia, Chaco. Denominaron al sitio Cristo Rey.

A finales del 2016, tras realizar la mensura judicial, obtuvieron el plan de uso de la tierra y la licencia ambiental. A mediados de este año los ganaderos decidieron iniciar el proceso de cambio de titulares y ahí comenzó el calvario. Los funcionarios del Indert comenzaron a plantear trabas e incluso a ofrecer en venta los lotes sin autorización de los ocupantes.

En ese sentido, el abogado de los ganaderos afectados, Raúl Vega, confirmó que el titular del Indert Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, pidió 480.000 dólares para completar la titulación de un terreno. “Era un promedio de 30 dólares por hectárea, eso para iniciar cualquier cambio de titular en el Indert te piden 30 dólares por hectárea, es un secreto a voces”, relató en entrevista con Universo 970 AM.

Los ganaderos no aceptaron la propuesta, ya que tenían absolutamente todo en regla, por lo que no correspondía abonar ningún monto extra. Sin embargo, en agosto se toparon con un intento por retener la posesión y decidieron adelantarse mediante otro juicio de interdicto para garantizar cualquier despojo. Esto les salió favorable.

En contrapartida, y en una maniobra sucia, Enrique Gómez de la Fuente elaboró resoluciones aparentemente fraudulentas para titular a favor de prestanombres (eran jornaleros y estudiantes que no tenían la capacidad económica para invertir). Este revés fue denunciado ante el Ministerio Público, pero hasta ahora no avanza el caso.

LOS BENEFICIADOS

Llamativamente los beneficiados del director del Indert Chaco son personas sin capacidad económica. Aparecen Maria Alejandra Gonzalez Rodriguez y Tanya Jaqueline Gonzalez, ambas son hermanas, estudiantes, tienen 26 y 23 años respectivamente, viven en Villa Elisa, no tienen RUC ni actividad comercial comprobable.

La otra persona beneficiada es Javier Ruiz Flores de profesión jornalero, sin RUC y padre de las estudiantes. Padre e hijas fueron beneficiados con 4 mil hectáreas de tierra en el Chaco cada uno.

Para el INDERT estas personas lograron reunir el dinero para pagar el 25% que exige la ley para iniciar los tramites de adjudicación, alrededor de G. 500 millones cada uno.

El cuarto beneficiado es Marcelo Fabian Moríonigo, vinculado a la ganadera Los Lazos y amigo del empresario Diego Chagra.

DESALOJADORES PROFESIONALES

Los ganaderos afectados se resistieron a ser despojados de sus tierras, ya que allí realizaron millonarias inversiones. Ante la intención de no abandonar las tierras, denuncian que fueron víctimas de un equipo de desalojados profesionales, liderados por el peligroso Evandro Cabral da Rosa.

La denuncia por coacción, robo agravado y abigeo fue radicada ante la comisaría y la fiscalía de Filadelfia el pasado 16 de setiembre. Aseguran que 25 personas fuertemente armadas ingresaron a la estancia Cristo Rey, sacando por la fuerza al capataz y a dos empleados, quedando así en posesión del inmueble a la fuerza.

LOS MILLONES INVERTIDOS, PERDIDOS

El capataz de la estancia, Emigdio Chaparro, detalló en su denuncia que a las 14:00, los desconocidos irrumpieron en el establecimiento, redujeron a todos los trabajadores y los obligaron a retirarse del terreno.

Detalló que dentro del inmueble había numerosos objetos de valor, como ser un generador eléctrico valorado en 30.000 dólares, dos tractores, tres televisores, 10 camas, Wifi, antena parabólica, cinco bombas de agua, heladeras, congeladores, panel solar, motocicletas y varios elementos del campo. A lo anterior se suman 41 vacas, 12 novillos, 30 toros, 10 mulas y cuatro caballos de raza cuyo valor es de 10.000 dólares cada uno. El ganado fue retirado por los malvivientes para borrar cualquier rastro.

Actualmente la propiedad está siendo ocupada por los matones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.