Se trata de una de las conclusiones del último informe publicado por la institución de los derechos humanos tras realizar un análisis sobre la situación de la penitenciaría de Itapúa, donde tres reclusos protagonizaron un intento de fuga en septiembre.

El MNP destacó en el documento las “carencias y precariedades del sistema penitenciario” paraguayo y advirtió de las consecuencias que tienen en el “crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales dentro del sistema”.

“De no modificarse el sistema de tratamiento, grupos como el PCC u otros, encontrarán espacios de crecimiento y formas de monopolio del territorio penitenciario”, expone el informe.

El mecanismo elaboró el documento después de realizar un trabajo de campo en el que se entrevistaron con el director de la penitenciaría de Itapúa, funcionarios del sistema de prisiones y varios reclusos internados en ese penal.

Entre las reivindicaciones que recoge el documento, se expone la negativa de los presos de Itapúa a ser sometidos a un nuevo régimen de máxima seguridad que contemplaría 22 horas de reclusión en las celdas y 2 de acceso al patio, así como restricciones a las visitas familiares. Ante esta situación, el organismo recomienda al Ministerio de Justicia que “adecue todas las medidas de seguridad a ser implementadas a personas privadas de libertad pertenecientes a grupos criminales identificados a los estándares de los derechos humanos”.

El MNP también pide a la organización de la penitenciaría que asegure la provisión de alimentos de las personas alojadas en el pabellón de seguridad, ante la negativa de algunos presos a consumirlos si no los elaboraban ellos mismos.

Las dotaciones de ropa, productos de higiene personal o el acceso a la atención sanitaria son otras de las reclamaciones expuestas por los presos a los entrevistadores.

El mecanismo también se pronunció sobre el intento de fuga de los tres presos en septiembre, pidiendo al Ministerio que investigue las circunstancias en las que ocurrió para “descartar las eventuales responsabilidades administrativas de las autoridades del centro penitenciario”.

Durante el incidente, tres miembros del PCC lograron tomar como rehén al jefe de seguridad de la cárcel y huir con él hasta el exterior de las instalaciones, donde fueron detenidos por la Policía Nacional, que logró la liberación del funcionario tras una negociación.

Tras el motín, el exministro de Justicia, Julio Ríos, subrayó la falta de personal del centro que solo contaba con 19 agentes para vigilar a 1.228 internos, de los cuales 92 formaban parte del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

No es el primer incidente que se registra en las cárceles de Paraguay, después de que el pasado junio un enfrentamiento entre dos grupos criminales en el interior del penal de San Pedro se saldara con la muerte de diez reclusos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.