Tras un acto en que hubo serenata organizado por Mamá Cultiva donde fueron repartidos plantines, el viceministro de la Senad, Carlos Arce, solicitó la imputación y prisión por 20 años para los organizadores lo que fue tomado como una acción de persecución de la fuerza pública y el desconocimiento del nuevo status jurídico vigente respecto al cannabis medicinal, señala el comunicado de la organización.

Esta mañana, sus representantes fueron invitados por el Ministerio Público para una reunión en la que la institución comunicará su postura.

Desde Mamá Cultiva realizaron un recuento desde la promulgación de la ley 6007/17, que fue sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso y con la que el Estado se comprometió a “garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta de cannabis a toda persona que se incorpore al Programa” a través de un Registro Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis.

“Lamentamos las mentiras del Sr. Arce ante la indiferencia de la Senad frente a nuestros reiterados pedidos de audiencia para aportar nuestras propuestas sin recibir ninguna respuesta en meses. Sin embargo, leemos indignados al Ministro Giuzzio afirmar que pronto se tendrá listo el protocolo de fiscalización de cultivos, a pedido de varias empresas interesadas en la comercialización de esta medicina según los elevados precios del mercado”, señalan.

Mientras, denuncian que se reparten las licencias privadas a puertas cerradas lo que obliga a recurrir al microtráfico para acceder a extractos cuya composición desconocen, exponiendo la seguridad personal y la salud de quienes la utilizan.

Ante el conflicto, la organización propone una política pública concebida de manera participativa e integral que incluya, en carácter de urgencia, el equipar un laboratorio público para que se encargue de proveer gratuitamente el aceite y demás derivados, así como garantiza la ley 6007/17.

Que se incluya inmediatamente el autocultivo a los cultivos solidarios dentro de los protocolos de fiscalización de la Senad, para lo que informaremos sobre el proyecto en marcha del mayor cultivo de cannabis medicinal gratuito de América Latina con 10.000 plantas de genética selectiva, bajo los mismos parámetros impuestos a las licencias privadas.

Explicaron que las 1000 plantas repartidas durante la serenata fueron denunciadas ante la Fiscalía Zonal de Luque el pasado 2 de mayo, localizando la finca en la que fueron producidas y sin ninguna intervención del fiscal Eduardo Royg, encargado de la unidad correspondiente.

También proponen descentralizar el desarrollo de cultivos, priorizando a la agricultura familiar campesina por encima de los intereses corporativos y para ello cuentan con el apoyo de autoridades electas en el Departamento de San Pedro, una zona castigada, afirman, por los cultivos ilegales que benefician no solo a los traficantes sino a las autoridades cómplices de la expansión de esta actividad sin ninguna alternativa de desarrollo real para sus familias.

La socialización de este proceso es posible a través de una campaña en al que se informe a la población en general respecto a los beneficios del aceite de cannabis para paliar más de 45 enfermedades crónicas, incluido el cáncer, sobre su derecho al acceso gratuito a esta medicina y, sobre la transparencia y apertura en al redacción de las normas.

Solicitan la convocatoria a una mesa de trabajo donde abiertamente se pueda debatir de manera transversal las oportunidades que otorga el rubro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.