El programa La Caja Negra, emitido por Unicanal, accedió a toda la documentación relacionada a la creación del CJ. A partir del funcionamiento del Consejo de Administración Judicial, las atribuciones de los ministros de la Corte se redujeron a las cuestiones estrictamente jurisdiccionales, que en principio era el espíritu de la creación del CAJ, pero sin embargo, recién ahora, algunos ministros se dieron cuenta que quienes integran ese consejo y sus funcionarios serían prácticamente leales al ministro Luis María Benítez Riera, ya que formaban parte de su gabinete. Además, Benítez Riera fue el cerebro de la creación del consejo, de la redacción de sus atribuciones y del propio reglamento.

El Consejo de Superintendencia de la Corte, que se renueva cada año, según el organigrama ahora solo tiene a su cargo el manejo y el control de las siguientes dependencias: Dirección General de Recursos Humanos, Superintendencia de Justicia, Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Oficina de Quejas y Denuncias, Oficina Disciplinaria y Etica Judicial.

Mientras que el Consejo de Administración Judicial tiene a su cargo: Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección Administrativa, Dirección de Contraloría Interna, Dirección Financiera, Dirección General de Auditoría Interna, Dirección de Infraestructura Física, Dirección de Planificación y Desarrollo, Unidad Operativa de Contrataciones y la Dirección de Tecnologías de la Información.

Es decir, todo el manejo operativo y en donde se mueven los recursos financieros del Poder Judicial está a cargo de este consejo.

El consejo está integrado de la siguiente manera: El presidente de la Corte (hoy es Benítez Riera), un ministro de la Corte, vía acordada del 17 de febrero de 2015 se designó al doctor Raúl Torres Kirmser como ministro integrante, y 4 consejeros (Roberto Torres, Consejero de Administración y Finanzas; Luz Ramona Antúnez de Estigarribia, Consejera de Auditoría y Control; Alberto Martínez Franco, Consejero de Planificación y Desarrollo y Edward Javier Vittone Rojas, Consejero de Asesoría Jurídica.

El 2 de febrero de 2016, vía resolución de la Corte se resolvió encomendar a los consejeros del CAJ la culminación de los manuales y reglamentaciones pertinentes, para su efectiva implementación desde el 15 de febrero del mismo año.

El 11 de febrero de 2016, vía acordada, la Corte aprobó el reglamento del Consejo de Administración Judicial

Los ministros de la Corte que cuestionan ahora este consejo dicen que ellos mismos se encargaron de elaborar su propio reglamento. En ese sentido, muchos de ellos no pueden justificar como llegaron a aprobar por ejemplo el artículo 25 de dicho reglamento que establece: “…los consejeros no ministros terminarán sus funciones al cumplir la edad de 75 años…”

Lo que alegan algunos de los altos magistrados, es que los consejeros prácticamente tienen las mismas prerrogativas que un ministro de la Corte.

También cuestionan el artículo 26 del mismo reglamente que señala: “El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá remover, sin expresión de causa, al Director General de Administración y Finanzas, por una mayoría de dos tercios. El quórum requerido al efecto es de la totalidad de los ministros efectivamente en funciones”.

Quiere decir, que los consejeros solo podrán ser removidos por decisión del pleno, es decir, con los 9 presentes. Es aquí donde cuestionan, ya que como aseguran que el CAJ fue armado por el ministro Benítez Riera, este nunca asistiría a la sesión donde se trate la eventual remoción de uno de los consejeros.

Uno de los ministros, el doctor Antonio Fretes, estaría buscando un consenso con sus colegas para dejar sin efecto la acordada que creó el CAJ, ya que ahora interpretan que para delegar atribuciones constitucionales que competen exclusivamente a un ministro de Corte, debe hacerse vía fuerza de ley, es decir, debe pasar por el Congreso, y no a través de una acordada de la Corte.

CRONOLOGÍA DE LA CREACION DEL CAJ

La creación del Consejo de Administración Judicial comenzó a diseñarse en la Corte Suprema de Justicia a partir del 28 de junio de 2011, cuando se solicita el inicio del proceso para el diseño de implementación de un modelo de gestión en el ámbito administrativo y de servicios no jurisdiccionales en general, que busque reducir el tiempo que dedican de la Corte en resolver cuestiones de índole administrativo.

En dicha se sesión se asigno al ministro Luis María Benitez Riera, quien también estaba como presidente de la máxima instancia judicial, el proceso de diseño, elaboración e implementación del modelo de gestión para el ámbito administrativo y se acepta la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Centro de Estudios Judiciales.

El 7 de noviembre de 2012, la abogado María Victoria Rivas, representante del Centro de Estudios Judiciales hace entrega a los ministros de las motivaciones que conllevan a la necesidad de una reforma en cuando al rol administrativo de la Corte Suprema de Justicia, propuesta llevada adelante bajo la supervisión y coordinación del ministro Benítez Riera.

La ministra Gladys Bareiro de Módica presenta su análisis al proyecto de reforma en el área administrativa, donde concluye recomendando que de crearse la estructura, ésta forme parte del mismo Consejo de Superintendencia, como una subdivisión, de manera a evitar una superposición de funciones y excesiva burocracia.

Se resuelve circularizar el análisis de la ministra Bareiro y la propuesta final que ya fuera enriquecida por el ministro Benítez Riera.

El 25 de junio de 2013, el ministro Benítez Riera eleva la propuesta presupuestaria para la implementación del Consejo de Administración Judicial que debe incorporarse en el anteproyecto y proyecto de presupuesto del ejercicio 2014.

También en la sesión de esta fecha, el ministro Benítez Riera remite el proyecto de organigrama, manual de funciones y perfiles de cargo del consejo de administración del Poder Judicial para su implementación.

Además, el ministro Oscar Bajac felicita al ministro Benítez Riera por la iniciativa que hace a la creación del consejo de administración del poder judicial.

El 31 de marzo de 2014, el presidente de la Corte, pone a consideración de los ministros el proyecto de memorándum de entendimiento entre la Corte Suprema de Justicia y la USAID.

En la sesión del martes 30 de setiembre de 2014, el presidente de la Corte, informa que se recibió la nota del ministro Luis María Benítez Riera, en la cual pone a conocimiento de pleno el informe presentado por la doctora Luz Antunez de Estigarribia, asesora administrativa-financiera del consejo de superintendencia, que hace referencia al viaje realizado a Chile y sobre las reuniones mantenidas con los diferentes jefes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile.

En esta sesión en el entonces, ministro de la Corte, Víctor Nuñez considera que la reforma debería tener alcance legislativa.

El ministro Benítez Riera considera oportuna las consideraciones del ministro Nuñez y entiende que la acordada vigente podría servir de marco a los efectos del anteproyecto de ley. Se autoriza al ministro Benitez Riera a presentar un proyecto de la ley que traslade a ese tipo de marco legal las consideraciones de la acordada por la que se dispone la Creación del Consejo de Administración Judicial, sin perjuicio de otras propuestas que mejoren aquella decisión.

El 28 de enero de 2015, el Ministro Benítez Riera en su carácter de responsable de la reforma administrativa solicita la aprobación del llamado a concurso para cubrir los cargos del consejo de administración judicial. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir los cargos del Consejo de Administración y encomendar dicha tarea a la Dirección de Recursos Humanos. Por otra parte, se revuelve aumentar el número de consejero a 4 en los términos del perfil elevado por el ministro Benitez Riera.

Finalmente, en la sesión del 11 de febrero de 2016, se presenta el proyecto de reglamento del Consejo de Administración Judicial y los ministros resuelven aprobar el reglamento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.