En entrevista con Radio Uno, la abogada María Esther Roa, vocera principal de la citada comisión, manifestó que vienen trabajando sobre varios ejes, uno de ellos potenciar las manifestaciones ciudadanas no solo en Asunción sino también en otros distritos del país.

En el marco de ese objetivo, ya han logrado juntar a 40 referentes en diferentes ciudades. Según indicó, los mismos se están capacitando para “entender cuáles son las consecuencias de una justicia tan deficiente como la que tenemos” y eventualmente también poder encabezar algunas movilizaciones.

“La gente va a ir sumándose cuando dé lectura de lo que se viene trabajando desde la sociedad civil”, afirmó Roa, dando a entender que más personas se irán sumando a los escraches a medida que se vayan viendo los resultados.

Al ser consultada sobre qué criterios se utilizan para realizar estas protestas contra políticos acusados de hechos de corrupción, la misma señaló: “No podemos agarrar todo, hay que ser conscientes de que somos limitados en cuanto al número de personas que están activando”.

Pese a ello, sostuvo que cuentan con una agenda de trabajo y que inclusive ya han elaborado una lista de posibles “escrachables”, integrada por figuras del mundo político como Enrique Salyn Buzarquis (exministro del MOPC), Víctor Bogado (senador), Miguel Ángel Carballo (supuesto testaferro de Bogado), Froilán Peralta (exrector de la UNA), Óscar Venancio Núñez (exdiputado), Albino Ferrer (exintendente de San Lorenzo), Dionisio Amarilla, Carlos Portillo, Javier Zacarías Irún, Carlos Filizzola, Camilo Soares, Ever Rivas, Óscar González Daher, Nicanor Duarte Frutos, Enzo Cardozo, Pedro Milciades Duré, Jorge Oviedo Matto, Tomás Rivas, Javier Díaz Verón y su esposa, Carlos Núñez Salinas, entre otros.

“En las mesas de trabajo se están abordando todas estas causas penales, lo que no podemos es salir a hacer los escraches porque nos faltan recursos económicos y humanos. Paraguay es un país de largo silencio, la gente no está acostumbrada a hacer estas movilizaciones ciudadanas tan intensas”, refirió la abogada a la 650 AM.

Roa adelantó que buscarán la manera de reunirse con la fiscal general del Estado, quien ya les prometió una audiencia cuando regrese de su viaje, y con otras autoridades relacionadas al ámbito de la justicia.

“Queremos tenerle a los responsables de cada institución y hacer una mesa de trabajo para hacer un control ciudadano sobre los actos de gobierno”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.