El abogado Milner Núñez, defensor de la mujer acusada de haber manoseado a la niña de 3 años en el CFA, en contacto con Radio La Unión denunció algunas irregularidades que se registraron ayer durante la audiencia de la primera doctora que revisó a la menor.

Relató que la diligencia estaba fijada para las 09:00 en la Fiscalía Barrial Nº 5 de Zeballos Cué, hora en la que se presentó para ejercer el derecho a la defensa material pero le fue impedido al acceso al recinto sin recibir ninguna explicación precisa del motivo por parte de los encargados de la sede fiscal.

“Cuando llego, me anuncio y pido pasar, entonces una funcionaria llama a la unidad fiscal correspondiente y allí le dicen que yo no puedo ingresar. Posteriormente el fiscal llama y habla con la funcionaria, ella me pasó el teléfono para hablar directamente con el fiscal quien me dijo que tengo que presentar las preguntas por escrito”, comentó Núñez.

En otro momento, le reiteraron que no tenía autorización para ingresar a la audiencia pero sin recibir mayores explicaciones. “Me dijeron ‘usted no va a pasar y no va a ingresar, si quiere pasar la policía le va a llevar’, entonces hablé con el suboficial Martínez y me dijo que no podía ingresar porque había prohibición de que ingrese y que simplemente cumplía órdenes”, recordó.

Asimismo, cuestionó que se le haya solicitado el cuestionario de preguntas por escrito siendo que se trataba de una diligencia presencial en la que debía participar como abogado defensor de la mujer acusada.

“Nosotros nunca dejamos de decir que el hecho existió y que es algo sumamente grave, es algo por lo que el responsable debe cumplir con la sanción correspondiente, pero lo que se sostuvo siempre es la no participación de mi representada”, manifestó Núñez a la 800 AM.

Así como en entrevistas anteriores, reiteró que existe un sesgo en la investigación y más aún al haberse registrado esta situación. Reiteró en que confía en la inocencia de su defendida y se encuentran plenamente convencidos de que ella no fue la que manoseó a la niña de 3 años el pasado 20 de mayo en la sede del Centro Familiar de Adoración (CFA) de Zeballos Cué.

Núñez dijo encontrarse sorprendido por la actuación del fiscal de la causa, Víctor Maldonado, considerando que hace algunos días se negó a que se realice una pericia de la mordida que sufrió la víctima para confirmar o descartar si efectivamente estuvo involucrada la voluntaria del CFA.

“No hay ninguna facultad legal, salvo la reserva de actuaciones, que impida el ejercicio de la defensa técnica”, alegó finalmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.