La intención de los marinos (si se concreta) implicará una sangría de US$ 100 millones para la previsional y tiene una llamativa  “venia” de tres exministros de la Corte, que, al decir de Cubas, presenta cuanto menos negligencia en aplicación de leyes.

En efecto, la funcionaria del IPS dijo que los exministros Óscar Miguel Bajac, Sindulfo Blanco (ambos con procesos por corrupción) y Miryam Peña, dieron razón jurídica a los 129 aspirantes a la jubilación VIP, cuando en los hechos, solo tres de ellos cumplían al momento de la acción judicial, con los requisitos mínimos para ser beneficiarios.

“La Corte le concedió a personas que tenían un derecho en expectativa. Solamente tres de los 129 peticionantes cumplían con los requisitos al momento de iniciado el proceso. Abrigamos la esperanza que este criterio de los nuevos miembros de la Corte, cambie. Quienes firmaron la sentencia fueron los exministros Óscar Miguel Bajac, Sindulfo Blanco y Miryam Peña”, manifestó Cubas a la 1080 AM.

Cabe indicar que, una de las presunciones respecto al OK inicial que dieron los exministros de la Corte, se suma la presunta complicidad de asesores jurídicos del IPS, que supuestamente de forma adrede aplicaron errores procesales para que la causa favorezca a los navegantes.

Cubas expresó al respecto que, ninguna hipótesis que dio origen al conflicto legal que jaquea los fondos de IPS, estará exento de investigación.

“Nosotros pediremos una auditoría del proceso, las responsabilidades, si se llevó de forma negligente o displicente, si hubo irresponsabilidad administrativa, política o penal respecto al manejo del expediente”, significó.

El segundo elemento que refuta a la supuesta caducidad del caso, dijo Cubas, es que los tiempos procesales aún están en vigencia para que el IPS pueda presentar sus argumentos jurídicos para demostrar la ilegalidad de pagar jubilaciones VIP a los marinos.

BAJAC BAJO SOSPECHA

Dos de los tres exministros de la Corte que con su resolución dieron origen al caso de los marinos con pretensiones de cobro de jubilación VIP, cuentan con antecedentes que alimentan la teoría de presunta confabulación para “manotear” fondos de la previsional.

El 9 de julio pasado, el fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, solicitó 6 años de condena para el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, acusado por cohecho pasivo agravado en grado de autoría.

La acción de Bajac juzgada en el juicio “Cal Agro SA s/, resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad Contractual”, habría solicitado la suma de G. 3.700 millones más 50.000 dólares a Felipe Nery Páez y a Liduvina Rodríguez Mendieta.

EL CASO BLANCO

El caso del ex ministro de Corte Sindulfo Blanco, por su parte, consigna que el mismo fue destituido en juicio político por parte del Parlamento, a causa de hechos de corrupción.

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Entonces el Senado invocó nueve acusaciones en su contra, entre las que mencionan fallos contra la Constitución Nacional; por habilitar el ingreso al país de químicos altamente peligrosos, pérdida de la honorabilidad; por haber reconocido que mintió sobre su inamovilidad para ganarse la confianza del Senado y conseguir su nombramiento; compraventa de tierras públicas, por haber comprado 5.000 hectáreas del Estado destinadas a la reforma agraria y pagar solo una fracción, por evitar la remoción de un juez en el Este, cuando el juez en lo Civil del Tercer Turno de Ciudad del Este, Atilio Saguier Granado, permaneció más de 4 años en funciones, pese a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido del cargo el 25 de julio de 2007.

También lo acusaron de impedir intervenciones de la Contraloría con maniobras. Otro señalamiento en contra del ahora exministro es el ineficaz ejercicio de la Superintendencia, mientras se desempeñó como superintendente de la Circunscripción de Alto Paraná.

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El programa reúne la oferta del Estado a través del Gabinete Social para abordar las necesidades de las comunidades más vulnerables. Su objetivo principal es promover la articulación de políticas, programas y recursos entre los distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil para garantizar una protección integral y efectiva.

Serán priorizados 22 municipios para promover en un trabajo conjunto con las gobernaciones y municipios la Red de Protección Social, en línea con el Plan Nacional de Reducción de Pobreza.

Además, la Mesa de Protección Social se enfoca en identificar y atender las necesidades específicas de cada comunidad, adaptando las intervenciones según las particularidades de cada contexto.

Participaron del acto realizado ayer viernes el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, institución que coordina la instalación de las Mesas de Protección Social, junto a las ministras de Salud, María Teresa Barán, de la Mujer, Cynthia Figueredo, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, el gobernador Víctor Fornerón y el intendente local Roberto Sotelo.

El escenario epidemiológico actual muestra una disminución progresiva de notificaciones de dengue.

El reporte semanal de Vigilancia de la Salud expone que, en las últimas tres semanas (SE) 14, 15 y 16 se registraron a nivel país 26.048 notificaciones, de los cuales, 5.012 son casos con diagnóstico de dengue, señalan datos parciales.

En lo que va del año suman 292.374 notificaciones de dengue en el territorio nacional.

En las últimas tres semanas se observa que el 83% de las notificaciones provienen de Central, Itapúa, Asunción, Alto Paraná, Misiones, Paraguarí, Caaguazú, Guairá y Ñeembucú.

Desde el inicio de la epidemia, el 42% de los casos corresponde a la franja pediátrica, siendo el grupo etario más afectado el de 5 a 9 años con el 14%, seguido del 10 a 14 con el 12%.

De todas las muestras procesadas este año, el 87% corresponden a DEN-2, que es el serotipo predominante en Paraguay.

En las últimas tres semanas se registraron un total de 1.091 hospitalizados por sospechas de arbovirosis, de éstos, 388 (30%) son casos con diagnóstico de dengue y 15 (4%) ingresaron a terapia intensiva.

En este periodo fueron hospitalizadas 4 embarazadas.

Entre los pacientes internados, el grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años con 15%, seguido del grupo de 10 a 14 años con 10%.

El 18% de todos los internados refiere comorbilidad: diabetes, obesidad y cardiopatía.

De acuerdo al reporte, el 57% de los hospitalizados se registran en las regiones de Central y Asunción; mientras que el 16% procede del departamento de Misiones.

No se confirmó ningún fallecido por dengue en las últimas tres semanas.

El titular de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, calificó de modelo perimido al sistema actual del transporte público y destacó la importancia de trabajar en una reestructuración del mismo.

“Hay 15 empresas que no cobraron en febrero. Se debe de febrero y la totalidad de marzo. No tengo el monto exacto porque varía mes a mes y depende de la cantidad de validaciones”, sostuvo en entrevista con radio Ñanduti.

Aseguró que el problema no es de las empresas de transporte que prestan el servicio, sino más bien del Estado, el cual impone las condiciones y no elabora un plan maestro en el transporte.

Como medida de solución, planteó hacer carriles exclusivos de buses en Eusebio Ayala y Transchaco, pero que se controle el cumplimiento. Además de cumplir con la obligatoriedad de las paradas, y no tener que hacerlo en cada cuadra.

POSTURA DEL NUEVO VICEMINISTRO

A tan solo días de asumir como viceministro de Transporte, el economista Emiliano Fernández realizó una serie de reuniones con los diferentes representantes de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

“Cuando uno va a emprender una reforma es importante conocernos porque debemos trabajar en un ambiente de confianza y de conversación permanente. Esta es una mesa de apertura para comunicar la visión, estrategias y determinación de los resultados que queremos en la institución”, manifestó el viceministro.

La intención es construir un sistema de transporte eficiente, y para lograrlo apunta a una renovación de las condiciones contractuales y de regulaciones que hoy rigen en el sistema.

“Busco oportunidades que se puedan dar a corto plazo para el bienestar de la ciudadanía, ese es el mensaje que llevé a los empresarios. Abrí el espacio de comunicación para la construcción de un nuevo sistema de transporte y ellos, por su parte, expresaron su interés de dialogar porque todos queremos el cambio”, comentó.