La intención de los marinos (si se concreta) implicará una sangría de US$ 100 millones para la previsional y tiene una llamativa  “venia” de tres exministros de la Corte, que, al decir de Cubas, presenta cuanto menos negligencia en aplicación de leyes.

En efecto, la funcionaria del IPS dijo que los exministros Óscar Miguel Bajac, Sindulfo Blanco (ambos con procesos por corrupción) y Miryam Peña, dieron razón jurídica a los 129 aspirantes a la jubilación VIP, cuando en los hechos, solo tres de ellos cumplían al momento de la acción judicial, con los requisitos mínimos para ser beneficiarios.

“La Corte le concedió a personas que tenían un derecho en expectativa. Solamente tres de los 129 peticionantes cumplían con los requisitos al momento de iniciado el proceso. Abrigamos la esperanza que este criterio de los nuevos miembros de la Corte, cambie. Quienes firmaron la sentencia fueron los exministros Óscar Miguel Bajac, Sindulfo Blanco y Miryam Peña”, manifestó Cubas a la 1080 AM.

Cabe indicar que, una de las presunciones respecto al OK inicial que dieron los exministros de la Corte, se suma la presunta complicidad de asesores jurídicos del IPS, que supuestamente de forma adrede aplicaron errores procesales para que la causa favorezca a los navegantes.

Cubas expresó al respecto que, ninguna hipótesis que dio origen al conflicto legal que jaquea los fondos de IPS, estará exento de investigación.

“Nosotros pediremos una auditoría del proceso, las responsabilidades, si se llevó de forma negligente o displicente, si hubo irresponsabilidad administrativa, política o penal respecto al manejo del expediente”, significó.

El segundo elemento que refuta a la supuesta caducidad del caso, dijo Cubas, es que los tiempos procesales aún están en vigencia para que el IPS pueda presentar sus argumentos jurídicos para demostrar la ilegalidad de pagar jubilaciones VIP a los marinos.

BAJAC BAJO SOSPECHA

Dos de los tres exministros de la Corte que con su resolución dieron origen al caso de los marinos con pretensiones de cobro de jubilación VIP, cuentan con antecedentes que alimentan la teoría de presunta confabulación para “manotear” fondos de la previsional.

El 9 de julio pasado, el fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, solicitó 6 años de condena para el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, acusado por cohecho pasivo agravado en grado de autoría.

La acción de Bajac juzgada en el juicio “Cal Agro SA s/, resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad Contractual”, habría solicitado la suma de G. 3.700 millones más 50.000 dólares a Felipe Nery Páez y a Liduvina Rodríguez Mendieta.

EL CASO BLANCO

El caso del ex ministro de Corte Sindulfo Blanco, por su parte, consigna que el mismo fue destituido en juicio político por parte del Parlamento, a causa de hechos de corrupción.

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Entonces el Senado invocó nueve acusaciones en su contra, entre las que mencionan fallos contra la Constitución Nacional; por habilitar el ingreso al país de químicos altamente peligrosos, pérdida de la honorabilidad; por haber reconocido que mintió sobre su inamovilidad para ganarse la confianza del Senado y conseguir su nombramiento; compraventa de tierras públicas, por haber comprado 5.000 hectáreas del Estado destinadas a la reforma agraria y pagar solo una fracción, por evitar la remoción de un juez en el Este, cuando el juez en lo Civil del Tercer Turno de Ciudad del Este, Atilio Saguier Granado, permaneció más de 4 años en funciones, pese a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido del cargo el 25 de julio de 2007.

También lo acusaron de impedir intervenciones de la Contraloría con maniobras. Otro señalamiento en contra del ahora exministro es el ineficaz ejercicio de la Superintendencia, mientras se desempeñó como superintendente de la Circunscripción de Alto Paraná.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.