La SET indicó a través de un comunicado que desde este viernes comenzaron los trabajos de actualización tecnológica del Sistema de Gestión Marangatu, que fue adjudicado al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

La institución detalló que expertos nacionales e internacionales tendrán a su cargo el análisis profundo de toda la arquitectura integral del Marangatu en sus diversos componentes. En tanto que una firma local realizará la ampliación y adecuación del Data Center que permitirá disponer de mayor espacio para el crecimiento de operaciones.

Cada vez más este sistema informático es utilizado por los contribuyentes. Solo en el mes de mayo se realizaron 1.700.000 de transacciones frente a las 755.000 del año anterior, lo que representa un aumento de más del 120%. Entre las transacciones de mayor demanda podemos citar Certificado de Cumplimiento Tributario, presentación de Declaraciones Juradas, pagos, actualización de datos, emisión de comprobantes virtuales y, en general todos los trámites realizados a través del Sistema.

“Este ambicioso proyecto de modernización busca convertir a la SET en una de las administraciones tributarias más eficientes e innovadoras del continente, para lo cual se requiere una importante actualización de la arquitectura tecnológica e incorporar otras nuevas funcionalidades”, reza en una parte del escrito divulgado por el ente.

Durante esta jornada, un grupo de contadores independientes se manifestó contra la viceministra de Tributación, Marta González, y el sistema Marangatú, al cual los manifestantes denominaron “Morondanga”. Según alegan, el ente estatal entorpece el sistema tributario.

Una de las presentes, Lilian Sánchez detalló que reclaman la mala gestión de la viceministra. “Desde que la señora asumió prácticamente estuvo implementando nuevas resoluciones, cargando el sistema, lo que hace que se sature y que sea lento el funcionamiento. Esto conlleva a que los contadores trabajemos desde las 12 y la 1 de la madrugada, porque en esas horas el sistema permite trabajar”, añadió.

Sánchez negó que dejen sus trabajos “a última hora” y explicó que los vencimientos van del 7 al 25 de cada mes.

Contó que entre las barreras con las que se topan figura la dificultad para inscribir las sociedades de personas físicas que quieren dar apertura de su negocio. “Antes lo hacíamos directamente en la oficina y en medio día ya estaba todo. Hoy se esperan 30 días para abrir una sociedad. Si por A o B motivo uno no se presenta a la llamada que ellos hicieron, se clausura y hay que volver a esperar otros 30 días y eso genera multa”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.