Como intendente, Mario Ferreiro firmó la contratación de más de 800 personas para distintas áreas. Según una denuncia ciudadana pública, éstas habrían accedido a los cargos sin concurso, considerando que en ese período no hubo llamado.De comprobarse, se trataría de una violación del artículo 47 de la Constitución Nacional, que “garantiza la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”.

Es importante recordar que en febrero del 2016, durante una conferencia de prensa, Ferreiro anunció el despido de 577 trabajadores del municipio por supuestos hechos de planillerismo, y afirmó que esta medida permitiría que el ente se ahorre un total de G. 1.300 millones mensuales. Incluso, en entrevistas ofrecidas a medios radiales, había señalado que no contrataría la misma cantidad de personas despedidas.

Sin embargo, Ferreiro contrató más personas, según consta en el programa Tesakã, al que puede accederse a través del sitio web

de la municipalidad. Allí se puede corroborar que durante el 2016 fueron contratados 592 funcionarios y en lo que va del 2017 ya ingresaron 230 personas. En total son 822 nuevos empleados.

Para confirmar estos números, La Nación contactó con Mirtha Frutos, directora de Recursos Humanos del municipio, quien primeramente dijo desconocer la situación, para seguidamente asegurar que sí hubo contrataciones, pero no la cantidad mencionada (822).

Al ser consultada sobre si habían ingresado por concurso, Frutos no supo responder y argumentó que habría que analizar caso por caso, para agregar rápidamente que existen contrataciones realizadas por “urgencia”, como ocurre en los casos de inundaciones o para el

área de aseo urbano. “Ahora me entero, tendría que interiorizarme de la situación, no sé a qué te referís”, manifestó.

La funcionaria luego se limitó a pedirnos consultar a Tesakã para corroborar todos los datos, incluso, cuántos funcionarios hay y cuánto cobran mensualmente.

Al insistir sobre los llamados a concurso realizados, precisó que los ingresos que tuvieron en la municipalidad fueron en reemplazo de

personas que renunciaron y agregó que existe un contrato colectivo que se respeta “bastante”. “Ochocientas personas no ingresaron, claro que no. Hay que mirar caso por caso, esta es una institución bastante grande y hay que revisar minuciosamente todo. En Tesakã tienen toda la información, es la página de la municipalidad, allí pueden consultar”, finalizó.

Fuente: La Nación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.