“Ayer sufrí el desalojo de mi vivienda. Yo venía advirtiendo de la situación ya hace bastante tiempo. Fue un procedimiento fiscal y policial”, relató Camilo Soares hoy en su programa radial en Radio Ñandutí.

Dijo que al sufrir la situación, “se puso en el lugar de la gente pobre” a la que se humilla y tira a la calle.

Señaló que en la vida, mucha gente le decepcionó y lo que que vivió ayer, fue una de sus más grandes decepciones. “Si tengo algo que me caracteriza, es que valoro demasiado la palabra y no me muevo haciéndole firmar cosas a la gente, ni tampoco en el trato mezquino de guardar cosas para ver si le saco ventaja al otro”, comentó Soares.

“Perdí mi casa, esa casa que con mi madre con muchísimo esfuerzo intentamos. Le digo a Natalia Zuccolillo y sus esbirros, que si yo hubiera sido el magnate que dicen ¿Cómo carajos es que pierdo mi casa? ¿Cómo es que se va la Policía y me tira a la calle?”, apuntó.

En ese sentido, dijo que vio una publicación “bastante miserable” de ABC Color en relación a lo ocurrido con su vivienda. “Lo que pasa es que la actual directora, Natalia Zuccolillo, tiene que mantener la línea de mentira, que ella fue responsable de haber instalado en contra de mi persona allá por el 2009, por sus intereses económicos y diferentes cuestiones”, arremetió Camilo.

¿CÓMO PERDIÓ LA CASA Y QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

“Yo perdí la casa por gente vinculada al intendente Ferreiro. Cuando cae Lugo en el 2012, Mario renunció a los medios y estaba en campaña, nadie quería ponerse. Yo me ofrecí creyendo en la causa, puse a disposición lo poco que tenía que era una casa que ni siquiera estaba pagada en su totalidad. Se hace el trato con una usurera, una delincuente también, pero se necesitaba plata en ese momento”, explicó Soares.

“Me dejaron en bola, no se pagó más. Le reclamé a Mario Ferreiro y me dijo que él no manejaba la situación”, subrayó.

Camilo responsabilizó de lo ocurrido al entorno del actual intendente de Asunción. Entre ellos, el principal, su jefe de Gabinete Marcelo Mancuello.

También apuntó al concejal Rodrigo “Buye” Buongermini. “Es un traficador (sic) de influencias serial. Es un delincuente, apenas tuvo un cargo y plata, enloqueció. Se pasó transando todo este periodo”, señaló.

Otras de las personas señaladas por Soares, es la diputada Rocío Casco. “Se quebró moralmente. Éticamente se fundió. Parece que haber sido diputada le enloqueció y le transformó el cerebro. Ella avaló todo esto”, indicó.

Además, dijo que otro de los que “perjudica enormemente” al intendente Ferreiro, es su hermano Adolfo.

“Yo no digo estas acusaciones, por decir nada más. Tengo formas de probar todo lo que digo. Esa gente tomó mis críticas políticas y dijeron: ¡Vamos a cagarle a Camilo! Así perdí mi casa”, manifestó Camilo.

El político y comunicador resaltó que Mario Ferreiro generó muchas esperanzas en la Intendencia, pero ahora está en un fuego cruzado de críticas de todos los sectores. “Tiene todavía tiene tiempo. Tiene todavía una pequeña chance de sacudirse y demostrar lo que podría llegar a ser capaz, pero tiene que deshacerse de una serie de personas que son oportunistas y miserables que ya le están haciendo fracasar y van a terminar de hundirle”, sostuvo.

Por último, comentó que está en una casa que unos amigos y familiares le ayudaron a conseguir. “Es difícil, pero hay que salir adelante”, finalizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.