Abdo Benítez, la primera dama, Silvana López-Moreira, y el resto de ministros del Ejecutivo asistieron al izamiento de la bandera nacional y a la entonación del himno en los jardines del Palacio de Gobierno.

El mandatario celebró también este domingo sus tres años de Gobierno y se encamina hacia la recta final de su mandato, que concluirá en 2023.

Este trienio ha estado marcado por la crisis económica, primero fruto de las adversidades climáticas, tanto a las inundaciones como a la sequía, que afectaron a un país productor de grano y dependiente del tráfico fluvial para buena parte de su comercio.

A eso se sumó después la pandemia de coronavirus, que obligó al Ejecutivo a solicitar un préstamo de 1.600 millones de dólares para hacer frente a su impacto y reforzar su deficitario sistema sanitario.

Tampoco ayudó la dificultad para conseguir vacunas, ya que Paraguay se confió en un primer momento al mecanismo multilateral Covax, al que compró 4,3 millones de dosis, de las que ha recibido 304.800 dosis repartidas en tres lotes y un cargamento de 253.440 dosis AstraZeneca donadas por España a través de Covax.

Ese retraso inicial hizo que los ciudadanos salieran a las calles en marzo de este año para pedir la dimisión en bloque del Gobierno, aunque las protestas se difuminaron en una semana y solo consiguieron algunos cambios en el Ejecutivo, entre ellos el del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sustituido desde entonces por Julio Borba.

Durante esa semana de protestas se volvió a plantear la posibilidad del juicio político a Abdo Benítez, un tema que también estuvo sobre la mesa en 2019, cuando se conoció la existencia de un acta secreta con Brasil de compra de energía a la represa de Itaipú, compartida por ambos países.

No obstante, en ambos casos la posibilidad se disolvió antes de costarle el puesto.

En las últimas semanas el Gobierno paraguayo se ha aferrado a las cifras de la vacunación, con más de un millón de personas con la pauta completa y más de 2,3 millones con al menos una dosis.

Esas cifras se han alcanzado en seis meses de campaña de vacunación, ya que Paraguay empezó su plan de inmunización contra el coronavirus el 22 de febrero con el personal sanitario.

El impulso de la vacunación se debe, en buena parte, al importante número de dosis donadas que ha recibido el país sudamericano en los últimos meses.

En los últimos dos meses también se ha observado un descenso en las cifras de casos de coronavirus y fallecimientos, con un acumulado de 456.589 contagios y 15.420 muertos desde marzo de 2020, cuando se confirmó el primer positivo en el país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.