Ante las denuncias contra la titular de Petropar, Patricia Samudio, el mandatario Abdo Benítez indicó que dispuso la conformación de un grupo especial que se encargará de auditar sus dos meses de gestión y también los cinco años que estuvo su antecesor Horacio Cartes.

En ese sentido señaló que solicitó al concejal asunceno Carlos Arregui que pida permiso a su condición de edil para que lidere desde el Ejecutivo dicho análisis de ambos gobiernos.

Le he pedido a Carlos Arregui,una persona reconocida por su lucha anticorrupción que lidere un equipo que analice y audite lo actuado en Petropar no solo los últimos cinco años sino estos dos meses de gestión.Mi compromiso es con la transparencia y no vamos a parar hasta lograrlo

— Marito Abdo (@MaritoAbdo) 15 de octubre de 2018

Durante su charla con la prensa, Marito prefirió no decir si existen irregularidades en Petropar y por lo tanto no tomará ninguna medida contra la titular de la petroleta estatal.

“Nosotros en su momento vamos a conformar una comisión para analizar todos los hechos que deben ser investigados. Por más que suene argel, tenemos que decir que cuando los ataques son de los medios de Cartes, nosotros tenemos desconfianza. Cuando Cartes te ataca, a lo mejor significa que uno va por el camino correcto, porque me atacó a mí durante toda la campaña y hoy soy presidente”, dijo.

A su vez, Arregui confirmó a la 650 AM que solicitó a la Junta Municipal el permiso correspondiente para poder fiscalizar todo lo que se hace en el Estado, para garantizar la transparencia.

Varios periodistas, de diversos medios, criticaron la postura del mandatario, por ir contra la libertad de la prensa y traer aires dictatoriales, y en contrapartida no dedicarse a gobernar.

Los comunicadores de la radio 1000 AM, Mina Feliciangeli, Hector Riveros y Alberto Peralta, mencionaron que si Abdo Benítez no daba importancia a las denuncias que realiza el grupo Nación de Comunicaciones, no debería hablarlo en conferencia de prensa, sino más bien actuar en consecuencia y controlar su administración.

“(El mandatario) dice que si no era importante, pero le cita. Ahora todos van a querer leerle al Grupo Cartes. No hay que matarle al mensajero (…) es el único medio que le critica al gobierno”, resaltaron.

En vez de criticar a los periodistas que investigan hechos de corrupción, el presidente Mario Abdo Benítez debería pedir explicaciones de lo que pasa en Petropar

— Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) 15 de octubre de 2018

El odio y la mediocridad, le superan. Descalifica las denuncia a Petropar porque la hicieron medios de HC, pero no levanta los cargos. Y le contrata al PDP para “auditar estos 2 meses de la petrolera y… 5 años del anterior gobierno”, o sea, para dilatar y encubrir los fatos.

— Benjamín Livieres (@BenjaLivieres) 15 de octubre de 2018

Al final no se “si tan bien están haciendo las cosas” como dicen, de lo contrario no se verían obligados a crear una comisión especial para investigar un hecho de corrupción, a dos meses de asumir.

— Jorge Torres Romero (@jtorresromero) 15 de octubre de 2018

Pobladores de la localidad de Jesús de Tavarangüe se encuentran instalados desde el pasado viernes en una “carpa de la resistencia” a las afueras del palacete municipal, como parte de una medida de fuerza.

De acuerdo al reporte de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, este grupo de ciudadanos indignados decidió manifestarse en contra del intendente Víctor Garay, quien es acusado por una serie de irregularidades.

Antecedentes: Imputan a intendente de Jesús de Tavarangue por millonario desvío de fondos

Como parte de la protesta, realizaron una “toma simbólica” del municipio para exigir el avance de la causa penal que afronta el intendente, así como también su prisión preventiva, tal y como había planteado el fiscal Luis Albertini.

Garay actualmente posee dos imputaciones por parte de la Fiscalía: la primera, por producción y uso de documentos de contenido falso; y la segunda, por el hecho punible de lesión de confianza.

El intendente de Jesús es acusado por una millonaria malversación de fondos en la comuna, ocasionando un daño patrimonial que asciende a más de G. 835 millones, según la denuncia.

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El caso fue asignado inicialmente a la jueza Raquel García, quien decidió renunciar debido a su parentesco con el intendente, por lo que recayó en la jueza Melissa Carlson. La misma se declaró “incompetente” y remitió la causa al juzgado especializado en Delitos Económicos, que solo se encuentra en Asunción.

A raíz de la falta de juez, el proceso penal se encuentra varado y sin avances, por lo que aún no se podrán definir las medidas que serán tomadas en contra del imputado Víctor Garay.

En Asunción, la comuna baraja la idea de una sociedad con empresas privadas, que apunten a una explotación y gerenciamiento comunal a partir de la fusión de firmas.

Una de estas consigna una primera fase para la extensión de circuitos de coberturas de las líneas 37, 16 y 13, que luego podría concretar una fusión.

En Central, la Gobernación motoriza a través del parlamento, un proyecto de reforma del sistema de transporte del área metropolitana. El núcleo de cambios que propone es la constitución en consorcios de todas las líneas de transporte que explotan colectivos de Central y Asunción.

La crisis en estos dos distritos que aglutina una población de alrededor de tres millones de personas, ya determinó una reducción del parque automotor de buses. De un total de 2.500 micros hasta hace un año, ahora se redujo a 1.700 unidades.

El problema del transporte público paso a convertirse en un asunto de alta prioridad. Las quejas ciudadanas sobre el servicio que prestan las líneas de colectivos, son continuas y cada vez más vociferantes.

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Si bien hasta ahora hay más de 80 muertos por la tragedia climática en Río Grande do Sul, Brasil, de momento no aparece ningún paraguayo entre las víctimas fatales, de acuerdo a los reportes oficiales.

Sin embargo, sí existen unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, según el cónsul, que terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

“Han perdido sus bienes, pero la Prefectura ha organizado una muy eficiente asistencia, no están pasando necesidades básicas”, explicó el cónsul paraguayo, José Martínez, en un contacto con la 730 AM.

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En su mayoría, son residencias proveídas por los patrones de los empleados, en las cercanías de las plantas donde trabajan.

El número de víctimas es todavía preliminar, pues, existen una cantidad desconocida de desaparecidos.

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El Consulado de Río Grande do Sul es uno de los que figura en la lista de sedes diplomáticas próximas a cerrarse. La inoperatividad de esta y otras representaciones implicará una disminución presupuestaria de ocho millones de dólares.

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