Una investigación periodística del diario El Deber de Santa Cruz releva datos relacionados a la movida de Marset en tierra boliviana. Señala así que el 10 de abril pasado el narco cumplió 32 años y lo celebró en Santa Cruz como Luis Pablo Santos Amorim. El festejo fastuoso en su mansión (de las siete viviendas que cuenta en aquella ciudad) tuvo lugar mientras varias fuerzas policiales de la región lo andaban buscando en países vecinos tras ser acusado de “tráfico internacional de drogas peligrosas”.

Agrega que en los últimos cuatro años movilizó alijos de cocaína por un valor que supera los $us 500 millones. Esos envíos de droga salieron “especialmente de Bolivia” a destinos de ultramar, en varios casos utilizando la vía paraguaya, que cuenta con la mayor flota mercante fluvial de la región, y en varias de las cuales se camuflan la cocaína, en medio de productos de exportación.

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Marset llegó por primera vez a Bolivia el 30 de octubre de 2018. Usó su nombre de pila, aunque para entonces él ya había estado en prisión por traficar 374 kilos de cocaína, y marihuana. Eso Sucedió en 2013.

El Deber accedió al expediente que cursa en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) y a varios documentos que la Fiscalía de Santa Cruz. De ahí se sabe que Marset jugó con al menos tres identidades distintas para pasar desapercibido en territorio nacional. En ninguna de ellas usó documento uruguayo.

Ante estas evidencias, añade, el Ministerio Público solicitó abrir una pesquisa en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Dirección General de Migración, dos instituciones especializadas que dependen del Ministerio de Gobierno, para conocer las razones por las que se extendió esta documentación reservada para ciudadanos bolivianos o extranjeros que hayan cumplido con los requisitos para adquirir la nacionalidad.

Según reportes digitales recabados por los fiscales que consultaron el sistema, Marset aparece primero y efectivamente como “Sebastián Marset”, pero boliviano o nacionalizado, y luego como “Luis Paulo Santos Amorim”. Fue con este nombre con el que hizo vida social en Santa Cruz.

El hábil Marset también jugó con otra identidad, la “de Gabriel de Souza Beumer” y nuevamente con la nacionalidad “boliviana”.

Una copia de su pasaporte con este nombre figura en el expediente de la Senad, que también fue compartido a la Europol, la institución que cooperó en 2021 para llevar adelante la operación “A Ultranza Py” que activó toda las pesquisas en su contra y en la de otras personalidades que cooperaron con el trasiego de estupefacientes bajo la pantalla de ser empresarios.

Ayer el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que además del delito de tráfico de sustancias controladas, se amplió su investigación por los delitos de secuestro y falsedad material. Remarcó que el Ministerio Público recién tomó conocimiento de la búsqueda del narcotraficante el fin de semana.

“Se ha conformado una comisión de fiscales para investigar a un ciudadano uruguayo. Se está requiriendo diferentes diligencias y otros allanamientos para dar con el paradero”, sostuvo y explicó los antecedentes del caso salieron a la luz tras la fuga de Marset durante un fallido operativo policial.

Franklin Alcaraz es investigador social y especialista en temas vinculados con el tráfico de drogas. Ayer conversó con EL DEBER Radio. Señaló que Marset ya tuvo problemas legales en Dubái por falsificar su pasaporte. “Es conocido como el hombre de los mil rostros porque su actividad ilícita le obliga a cambiar de nombre cada cierto tiempo”, anoto Alcaraz.

Respecto a la presencia de Marset en el país, el especialista indicó que “es realmente una muy mala señal porque eso está diciendo que los cárteles están aquí”.

Además, “estamos ante un verdadero pez gordo”, remarcó y explicó que Marset lidera el Primer Cartel Uruguayo y que coordina operaciones con el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización señalada por el asesinato, en Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien lideró la investigación que activó el gran operativo “A Ultranza Py” y que fue coordinado con Europol en 2021.

De hecho, por efecto de estas actuaciones se logró desactivar “un centro de comando” de la organización criminal que operaba desde Dubái, precisamente uno de los destinos frecuentes del ahora prófugo uruguayo.

El seguimiento de Senad a Marset comenzó en 2019, según se lee en el expediente. De allí se sabe que estuvo en el país en 2018 y posteriormente entre el 21 y 23 de abril de 2019. Su destino siempre fue Santa Cruz de la Sierra.

El seguimiento migratorio que se hizo desde Paraguay señala “un retorno” el 24 de agosto de 2019. En ese tiempo, Marset ya era reconocido por ser un empresario exitoso ligado a la organización de conciertos con artistas internacionales. En ese tiempo había fijado su centro de operaciones en Paraguay, pero se presentaba con su pasaporte boliviano. Marset era Gabriel de Souza Beumer.

En su permanencia en Paraguay, Marset “integró entre sí a varias organizaciones criminales conformadas preexistentes tanto a nivel nacional como internacional en una asociación de grupos con fines delictivos para el transporte de grandes cantidades de cocaína”, señala el reporte.

En ese contexto, “cada uno de estos bloques asociados concurren a las operaciones ilícitas proveyendo logística para impulsar un círculo transnacional que por un lado funciona para el transporte de estas sustancias ilícitas, como así también para la efectiva circulación de grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional; estos valores monetarios se encontrarían directamente vinculados a los hechos punibles investigados, tanto en carácter de ganancias como también en lo referente a costos operativos para concretar estas actividades ilícitas”, anota.

“El ciclo inicial del tráfico ilícito es denominado, a los fines investigativos, como ‘etapa de producción’ y tiene como origen zonas dedicadas a la elaboración de clorhidrato de cocaína, situadas en el continente sudamericano, principalmente en Bolivia”, añade el reporte elaborado en 2022.

“Dentro de lo que les puedo contar, se informó hace un tiempo de que se tenía el dato de que (Marset) estaba en Bolivia”, dijo ayer el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a los periodistas de su país. El caso que estalló el fin de semana activó varias corrientes de opinión en toda la región.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, expresó su preocupación por el caso, considerando que se ha burlado la inteligencia de los servicios de seguridad de Bolivia.

“Es evidente que se ha tenido que burlar la Inteligencia de nuestro país, parte de las instancias que corresponden. ¿Cómo es posible que (Marset) esté en el país y, a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho?”, afirmó y pidió respuestas oportunas al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.