Una investigación periodística del diario El Deber de Santa Cruz releva datos relacionados a la movida de Marset en tierra boliviana. Señala así que el 10 de abril pasado el narco cumplió 32 años y lo celebró en Santa Cruz como Luis Pablo Santos Amorim. El festejo fastuoso en su mansión (de las siete viviendas que cuenta en aquella ciudad) tuvo lugar mientras varias fuerzas policiales de la región lo andaban buscando en países vecinos tras ser acusado de “tráfico internacional de drogas peligrosas”.

Agrega que en los últimos cuatro años movilizó alijos de cocaína por un valor que supera los $us 500 millones. Esos envíos de droga salieron “especialmente de Bolivia” a destinos de ultramar, en varios casos utilizando la vía paraguaya, que cuenta con la mayor flota mercante fluvial de la región, y en varias de las cuales se camuflan la cocaína, en medio de productos de exportación.

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Marset llegó por primera vez a Bolivia el 30 de octubre de 2018. Usó su nombre de pila, aunque para entonces él ya había estado en prisión por traficar 374 kilos de cocaína, y marihuana. Eso Sucedió en 2013.

El Deber accedió al expediente que cursa en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) y a varios documentos que la Fiscalía de Santa Cruz. De ahí se sabe que Marset jugó con al menos tres identidades distintas para pasar desapercibido en territorio nacional. En ninguna de ellas usó documento uruguayo.

Ante estas evidencias, añade, el Ministerio Público solicitó abrir una pesquisa en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Dirección General de Migración, dos instituciones especializadas que dependen del Ministerio de Gobierno, para conocer las razones por las que se extendió esta documentación reservada para ciudadanos bolivianos o extranjeros que hayan cumplido con los requisitos para adquirir la nacionalidad.

Según reportes digitales recabados por los fiscales que consultaron el sistema, Marset aparece primero y efectivamente como “Sebastián Marset”, pero boliviano o nacionalizado, y luego como “Luis Paulo Santos Amorim”. Fue con este nombre con el que hizo vida social en Santa Cruz.

El hábil Marset también jugó con otra identidad, la “de Gabriel de Souza Beumer” y nuevamente con la nacionalidad “boliviana”.

Una copia de su pasaporte con este nombre figura en el expediente de la Senad, que también fue compartido a la Europol, la institución que cooperó en 2021 para llevar adelante la operación “A Ultranza Py” que activó toda las pesquisas en su contra y en la de otras personalidades que cooperaron con el trasiego de estupefacientes bajo la pantalla de ser empresarios.

Ayer el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que además del delito de tráfico de sustancias controladas, se amplió su investigación por los delitos de secuestro y falsedad material. Remarcó que el Ministerio Público recién tomó conocimiento de la búsqueda del narcotraficante el fin de semana.

“Se ha conformado una comisión de fiscales para investigar a un ciudadano uruguayo. Se está requiriendo diferentes diligencias y otros allanamientos para dar con el paradero”, sostuvo y explicó los antecedentes del caso salieron a la luz tras la fuga de Marset durante un fallido operativo policial.

Franklin Alcaraz es investigador social y especialista en temas vinculados con el tráfico de drogas. Ayer conversó con EL DEBER Radio. Señaló que Marset ya tuvo problemas legales en Dubái por falsificar su pasaporte. “Es conocido como el hombre de los mil rostros porque su actividad ilícita le obliga a cambiar de nombre cada cierto tiempo”, anoto Alcaraz.

Respecto a la presencia de Marset en el país, el especialista indicó que “es realmente una muy mala señal porque eso está diciendo que los cárteles están aquí”.

Además, “estamos ante un verdadero pez gordo”, remarcó y explicó que Marset lidera el Primer Cartel Uruguayo y que coordina operaciones con el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización señalada por el asesinato, en Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien lideró la investigación que activó el gran operativo “A Ultranza Py” y que fue coordinado con Europol en 2021.

De hecho, por efecto de estas actuaciones se logró desactivar “un centro de comando” de la organización criminal que operaba desde Dubái, precisamente uno de los destinos frecuentes del ahora prófugo uruguayo.

El seguimiento de Senad a Marset comenzó en 2019, según se lee en el expediente. De allí se sabe que estuvo en el país en 2018 y posteriormente entre el 21 y 23 de abril de 2019. Su destino siempre fue Santa Cruz de la Sierra.

El seguimiento migratorio que se hizo desde Paraguay señala “un retorno” el 24 de agosto de 2019. En ese tiempo, Marset ya era reconocido por ser un empresario exitoso ligado a la organización de conciertos con artistas internacionales. En ese tiempo había fijado su centro de operaciones en Paraguay, pero se presentaba con su pasaporte boliviano. Marset era Gabriel de Souza Beumer.

En su permanencia en Paraguay, Marset “integró entre sí a varias organizaciones criminales conformadas preexistentes tanto a nivel nacional como internacional en una asociación de grupos con fines delictivos para el transporte de grandes cantidades de cocaína”, señala el reporte.

En ese contexto, “cada uno de estos bloques asociados concurren a las operaciones ilícitas proveyendo logística para impulsar un círculo transnacional que por un lado funciona para el transporte de estas sustancias ilícitas, como así también para la efectiva circulación de grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional; estos valores monetarios se encontrarían directamente vinculados a los hechos punibles investigados, tanto en carácter de ganancias como también en lo referente a costos operativos para concretar estas actividades ilícitas”, anota.

“El ciclo inicial del tráfico ilícito es denominado, a los fines investigativos, como ‘etapa de producción’ y tiene como origen zonas dedicadas a la elaboración de clorhidrato de cocaína, situadas en el continente sudamericano, principalmente en Bolivia”, añade el reporte elaborado en 2022.

“Dentro de lo que les puedo contar, se informó hace un tiempo de que se tenía el dato de que (Marset) estaba en Bolivia”, dijo ayer el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a los periodistas de su país. El caso que estalló el fin de semana activó varias corrientes de opinión en toda la región.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, expresó su preocupación por el caso, considerando que se ha burlado la inteligencia de los servicios de seguridad de Bolivia.

“Es evidente que se ha tenido que burlar la Inteligencia de nuestro país, parte de las instancias que corresponden. ¿Cómo es posible que (Marset) esté en el país y, a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho?”, afirmó y pidió respuestas oportunas al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

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Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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