Una investigación periodística del diario El Deber de Santa Cruz releva datos relacionados a la movida de Marset en tierra boliviana. Señala así que el 10 de abril pasado el narco cumplió 32 años y lo celebró en Santa Cruz como Luis Pablo Santos Amorim. El festejo fastuoso en su mansión (de las siete viviendas que cuenta en aquella ciudad) tuvo lugar mientras varias fuerzas policiales de la región lo andaban buscando en países vecinos tras ser acusado de “tráfico internacional de drogas peligrosas”.

Agrega que en los últimos cuatro años movilizó alijos de cocaína por un valor que supera los $us 500 millones. Esos envíos de droga salieron “especialmente de Bolivia” a destinos de ultramar, en varios casos utilizando la vía paraguaya, que cuenta con la mayor flota mercante fluvial de la región, y en varias de las cuales se camuflan la cocaína, en medio de productos de exportación.

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Marset llegó por primera vez a Bolivia el 30 de octubre de 2018. Usó su nombre de pila, aunque para entonces él ya había estado en prisión por traficar 374 kilos de cocaína, y marihuana. Eso Sucedió en 2013.

El Deber accedió al expediente que cursa en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) y a varios documentos que la Fiscalía de Santa Cruz. De ahí se sabe que Marset jugó con al menos tres identidades distintas para pasar desapercibido en territorio nacional. En ninguna de ellas usó documento uruguayo.

Ante estas evidencias, añade, el Ministerio Público solicitó abrir una pesquisa en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y la Dirección General de Migración, dos instituciones especializadas que dependen del Ministerio de Gobierno, para conocer las razones por las que se extendió esta documentación reservada para ciudadanos bolivianos o extranjeros que hayan cumplido con los requisitos para adquirir la nacionalidad.

Según reportes digitales recabados por los fiscales que consultaron el sistema, Marset aparece primero y efectivamente como “Sebastián Marset”, pero boliviano o nacionalizado, y luego como “Luis Paulo Santos Amorim”. Fue con este nombre con el que hizo vida social en Santa Cruz.

El hábil Marset también jugó con otra identidad, la “de Gabriel de Souza Beumer” y nuevamente con la nacionalidad “boliviana”.

Una copia de su pasaporte con este nombre figura en el expediente de la Senad, que también fue compartido a la Europol, la institución que cooperó en 2021 para llevar adelante la operación “A Ultranza Py” que activó toda las pesquisas en su contra y en la de otras personalidades que cooperaron con el trasiego de estupefacientes bajo la pantalla de ser empresarios.

Ayer el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que además del delito de tráfico de sustancias controladas, se amplió su investigación por los delitos de secuestro y falsedad material. Remarcó que el Ministerio Público recién tomó conocimiento de la búsqueda del narcotraficante el fin de semana.

“Se ha conformado una comisión de fiscales para investigar a un ciudadano uruguayo. Se está requiriendo diferentes diligencias y otros allanamientos para dar con el paradero”, sostuvo y explicó los antecedentes del caso salieron a la luz tras la fuga de Marset durante un fallido operativo policial.

Franklin Alcaraz es investigador social y especialista en temas vinculados con el tráfico de drogas. Ayer conversó con EL DEBER Radio. Señaló que Marset ya tuvo problemas legales en Dubái por falsificar su pasaporte. “Es conocido como el hombre de los mil rostros porque su actividad ilícita le obliga a cambiar de nombre cada cierto tiempo”, anoto Alcaraz.

Respecto a la presencia de Marset en el país, el especialista indicó que “es realmente una muy mala señal porque eso está diciendo que los cárteles están aquí”.

Además, “estamos ante un verdadero pez gordo”, remarcó y explicó que Marset lidera el Primer Cartel Uruguayo y que coordina operaciones con el Primer Comando de la Capital (PCC), una organización señalada por el asesinato, en Colombia, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien lideró la investigación que activó el gran operativo “A Ultranza Py” y que fue coordinado con Europol en 2021.

De hecho, por efecto de estas actuaciones se logró desactivar “un centro de comando” de la organización criminal que operaba desde Dubái, precisamente uno de los destinos frecuentes del ahora prófugo uruguayo.

El seguimiento de Senad a Marset comenzó en 2019, según se lee en el expediente. De allí se sabe que estuvo en el país en 2018 y posteriormente entre el 21 y 23 de abril de 2019. Su destino siempre fue Santa Cruz de la Sierra.

El seguimiento migratorio que se hizo desde Paraguay señala “un retorno” el 24 de agosto de 2019. En ese tiempo, Marset ya era reconocido por ser un empresario exitoso ligado a la organización de conciertos con artistas internacionales. En ese tiempo había fijado su centro de operaciones en Paraguay, pero se presentaba con su pasaporte boliviano. Marset era Gabriel de Souza Beumer.

En su permanencia en Paraguay, Marset “integró entre sí a varias organizaciones criminales conformadas preexistentes tanto a nivel nacional como internacional en una asociación de grupos con fines delictivos para el transporte de grandes cantidades de cocaína”, señala el reporte.

En ese contexto, “cada uno de estos bloques asociados concurren a las operaciones ilícitas proveyendo logística para impulsar un círculo transnacional que por un lado funciona para el transporte de estas sustancias ilícitas, como así también para la efectiva circulación de grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional; estos valores monetarios se encontrarían directamente vinculados a los hechos punibles investigados, tanto en carácter de ganancias como también en lo referente a costos operativos para concretar estas actividades ilícitas”, anota.

“El ciclo inicial del tráfico ilícito es denominado, a los fines investigativos, como ‘etapa de producción’ y tiene como origen zonas dedicadas a la elaboración de clorhidrato de cocaína, situadas en el continente sudamericano, principalmente en Bolivia”, añade el reporte elaborado en 2022.

“Dentro de lo que les puedo contar, se informó hace un tiempo de que se tenía el dato de que (Marset) estaba en Bolivia”, dijo ayer el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a los periodistas de su país. El caso que estalló el fin de semana activó varias corrientes de opinión en toda la región.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, expresó su preocupación por el caso, considerando que se ha burlado la inteligencia de los servicios de seguridad de Bolivia.

“Es evidente que se ha tenido que burlar la Inteligencia de nuestro país, parte de las instancias que corresponden. ¿Cómo es posible que (Marset) esté en el país y, a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho?”, afirmó y pidió respuestas oportunas al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.