Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

En julio pasado logró escaparse de la policía en Bolivia, donde residía, junto con su mujer y sus cuatro hijos.

En declaraciones al programa Santo y Seña de Canal 4 de Uruguay, Marset dijo “confiar” en la justicia uruguaya y pidió que su hermano Diego Marset, su mujer Gianina García Troche y su cuñado Mauro García Troche tengan “garantías” para entregarse en su país, y ser juzgados allí.

“Quiero que se haga justicia, porque mi hermano, mi cuñado y mi señora no tienen nada que ver en mis cosas. Y en la operación ‘A ultranza’, cero”, afirmó Marset en declaraciones a la periodista Patricia Martín.

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“A Ultranza” es la gran operación contra el crimen organizado en Paraguay que en febrero de 2022 identificó a Marset como uno de los jefes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. También fueron imputados su hermano, su mujer y su cuñado.

Marset, que estuvo preso en Uruguay por narcotráfico de 2013 a 2018, rechazó que cumplan prisión preventiva.

“Si quieren ponerles una tobillera electrónica o un policía 24 horas en su domicilio hasta que termine el caso, de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que vayan presas personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito“, señaló.

Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Marset, dijo que se iniciaron conversaciones con la Fiscalía y el Ministerio del Interior de Uruguay en pos de evitar la extradición a Paraguay de Diego Marset y los hermanos García Troche.

“Lo que nosotros pretendemos es que (los tres) sean enjuiciados en Uruguay, en su país”, sostuvo Moratorio, y señaló que la acusación en su contra es “aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna”.

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La periodista Patricia Martín contó que el 9 de noviembre viajó junto con Moratorio a Paraguay, donde fue trasladada en dos helicópteros diferentes y luego en una camioneta hasta la mansión en algún lugar de Sudamérica, donde entrevistó a Marset el 11 de noviembre.

Marset también aseguró que no gastó ni “un dólar” para conseguir un pasaporte uruguayo cuando estaba detenido en 2021 en Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que la expedición del documento “no fue exprés”.

El tema de la entrega del pasaporte a Marset provocó este mes una crisis política en Uruguay que se saldó en la renuncia de altos funcionarios del gobierno de centroderecha de Luis Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior.

“De mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay”, dijo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.