El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó a la radio 970 AM que hay gente que apela a la incomodidad para ejercer su reivindicación, vulnerando el derecho de terceros, al referirse a la protesta realizada anoche en Acceso Sur, donde los manifestantes fueron reprimidos cuando procedieron a cerrar la vía pública.

“Lamentable es ver que alguien deba recurrir a violentar el derecho de las demás personas y llegar a límites que llegan peligrosamente a una coacción a las autoridades”, resaltó.

La autoridad apeló a la paz durante las movilizaciones de este martes 13, fecha en que protestarán dos grupos, uno a favor y otro en contra del juicio político al Poder Ejecutivo por el pacto secreto con el Brasil, el cual fue anulado tras destaparse el negociado.

Villamayor advirtió que en el caso de que el diálogo no prospere cuando se den bloqueos de las calles, la Policía Nacional tendrá que hacer el uso de la fuerza.

El Partido Colorado va a marchar desde la Junta de Gobierno hasta la Plaza de la Democracia, según detalló. Mientras que los sectores a favor del enjuiciamiento aún no han marcado ningún punto en concreto; algunos podrían ir a las plazas frente al Congreso. “Los manifestantes tienen que respetar el itinerario que se les marca. Nadie tiene derecho a anarquizar la ciudad”, remarcó.

POSIBLES INFILTRADOS

Al ser consultado sobre si tienen la información de posibles agitadores, el ministro indicó que protegerán cada punto de concentración, de acuerdo a los datos que reciben de inteligencia policial. “Ayer apareció una persona identificada de Cruzada Nacional que organizaba a grupos para apedrear buses de los colorados que vendrán a la capital”, reveló.

Por su parte, el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, instó mediante un comunicado a la ciudadanía a mantener el estado de calma y serenidad. “Llamar a la violencia, la confrontación y el vandalismo, no es el mejor camino para la construcción de un país”, indicó.

Sostuvo en su escrito además que “en la seguridad y convicción de que debemos actuar en defensa de un Gobierno legítimamente constituido, garantizando la paz y seguridad del Estado, preservando el orden constitucional, el régimen democrático y la seguridad interna, abrazamos la idea de que todos los sectores de la sociedad harán lo posible mantener la paz social para contrarrestar las amenazas que pongan en riesgo los objetivos nacionales establecidos en la Constitución Nacional, hasta lograr el reencuentro de todos los que amamos esta noble patria”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.