A través de un espacio reservado en el diario La Nación, el Centro de Industriales Metalúrgicos (LIME) indicó que desde hace tiempo viene alertando de las licitaciones dirigidas, ya que en los pliegos de bases y condiciones se presentan cláusulas absurdas, inconducentes y temerarias.

En ese sentido, los metalúrgicos recordaron que en el 2019 reclamaron al MOPC la inclusión de exigencias innecesarias en las licitaciones de iluminación de tramos de rutas nacionales, pero no obtuvieron respuestas. Ante esto, el Estado terminó pagando 4.548 millones de guaraníes de más por ese trabajo.

También cuestionaron la aprobación de la “Pasarela Peatonal de la Cultura”, con participación de un solo oferente, la superproveedora del Estado Engineering, existiendo en el país varias empresas suficientemente capacitadas para participar y competir. “Con estas prácticas se reduce la cantidad de ofertas al mimo, se propicia la colusión, se logran montos exorbitantes a pagar con nuestros impuestos o a través de los préstamos (que los debemos pagar), por la falta de competencia genuina”, indicaron.

Los integrantes de la asociación industrial citada pidieron por último a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que haga cumplir la ley que impide que los entes estales establezcan ítems innecesarios en sus convocatorias con el solo fin de direccionar las licitaciones hacia sus empresas favoritas.

LICITACIONES DIBUJADAS

Carlos Perasso, presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos, ahondó en charla con la radio Uno 650 AM que en el MOPC se dibujan licitaciones para limitar la participación de las empresas. “Como gremio responsable necesitamos asegurar que nuestros miembros participen de las licitaciones y que el Estado paraguayo sea beneficiado con el mejor precio y calidad”, comentó.

El entrevistado destacó que el sector genera mucho trabajo y que por lo tanto apuestan la inversión en las obras públicas, pero remarcó su disconformidad en la forma en que se realizan las convocatorias.

Por último mencionó que ese rubro manifestó su disconformidad mediante notas pero no se reunió con ninguna autoridad antes de emitir hoy su postura en los medios de prensa.

A continuación de la carta abierta de los industriales metalúrgicos

Respetuosamente, el Centro de Industriales Metalúrgicos (LIME), entidad Gremial Profesional, referente en el ámbito del Sector Metalmecánico nacional e internacional, con 70 años de participación en la construcción de la infraestructura pública y privada del país, y una incuestionable vida institucional, se dirige a las Autoridades del Gobierno Nacional, a la opinión pública y a sus Asociados con el objetivo de hacer conocer su postura ante hechos de público conocimiento en la contratación de obras y servicios por parle de Entes Autárquicos y Descentralizados, y demás Instituciones del sector público que conforman el Estado Paraguayo.

Desde el inicio de este Gobierno hemos constatado y alertado a las máximas Autoridades pertinentes que las Licitaciones Públicas, sean nacionales o internacionales, presentan exigencias y cláusulas absurdas, inconducentes y temerarias, ya que atentan contra el fomento de la Libre Competencia, tal como bien lo enuncia, declara y contempla la Ley de Contrataciones Públicas y concordantes vigentes. Ya en fecha 26/12/2018 hemos solicitado a las Autoridades de Petropar explicaciones por la participación del PNUD como organismo ejecutor para las compras de sus bienes, advirtiendo que esto eliminaría la transparencia garantizada por la Ley de Contrataciones Públicas, y reclamando las exigencias arbitrarias en los pliegos que restringirían la participación de más empresas nacionales (Expediente No. 16500/2018).

Así también, en fecha 13/05/2019 hemos reclamado a las Autoridades del MOPC por la inclusión de exigencias innecesarias en las licitaciones de iluminación de tramos de rutas nacionales, que con ello se eliminaba una mayor variedad, calidad y cantidad de oferentes (Expediente No. 22846/2ya 019). Dichos reclamos no fueron atendidos o corregidos y el MOPC terminó pagando 4.548 millones de guaraníes de más por dicha licitación. A la fecha se siguen utilizando las mismas prácticas con la consiguiente limitación, y por ende, eliminación de buena y mayor cantidad de oferentes. Prueba de ello, la aprobación de la “Pasarela Peatonal de la Cultura”, con participación de un solo oferente, existiendo en el país varias empresas suficientemente capacitadas para participar y competir en dicha licitación. Con estas prácticas se reduce la cantidad de ofertas al mimo, se propicia la colusión, se logran montos exorbitantes a pagar con nuestros impuestos o a través de los préstamos (que los debemos pagar), por la falta de competencia genuina.

Así, los Entes del Estado aplican incorrectamente los fondos que deberían ser destinados a las mejores inversiones públicas y a otras necesidades más acuciantes en materia de salud, de infraestructura, educación y de seguridad que la población reclama, porque necesita. Exigimos que las Autoridades de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cumplan con su rol y se aseguren del estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas cuyo Artículo 20. inciso w indica de “no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas”.

Por lo tanto, solicitamos la corrección necesaria y debida en las acciones de las máximas Autoridades del Gobierno Nacional para que estos despropósitos tengan fin, eviten enervar la crispación ciudadana y se instalen definitivamente los principios de una República donde se respeten los Principios de la Libre Competencia vigentes, con Integridad de sus Autoridades, con un uso Correcto y Debido de la Cosa Pública.

Comisión Directiva

Centro de Industriales Metalúrgicos

Asunción, 21 de enero de 2021

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.