La afectada contó a radio UNO que en febrero del 2015 firmó un contrato para acceder a un departamento ubicado en un barrio de Asunción, con todos los lujos. Hasta abril de este año abonó 220.000 guaraníes de manera mensual.

“Era como una inversión, con mi esposo no le dimos tanta importancia porque tenemos nuestra casa, pero imaginate la gente que no tiene una vivienda e invierte en esto buscando su primera casa”, resaltó.

Siguió contando que atendiendo que va a refaccionar su residencia, optó con su marido ir a ver el departamento que estaban pagando para poder licitar.

“Fuimos y nada que ver con lo que te prometen. Cuando fuimos a ver, era una ratonera. El edificio tiene una sola torre toda ocupada y la que se debe licitar ni siquiera está construida. Cuando llamé me pidieron 100 millones. Es realmente vergonzoso y encima no te contestan las llamadas o mensajes luego. Te prometen, te muestran una cosa y la realidad es otra”, criticó.

Olivera indicó que ante esta situación se comunicó con Dany Durand (actual ministro de Urbanismo – ex Senavitat) y este le mencionó a través de Whatsapp que en el 2015 vendió sus acciones a Fernando Román. “Yo creo que Dany habrá averiguado mi contrato para decirme que vendió justo el año que yo firmé el documento, porque a otros les dijo que ya vendió en el 2013 o el año pasado”, resaltó.

“Lo de Mocipar es directamente una estafa. Es cierto, no te ponen una pistola en la cabeza (tal como alegó en su defensa Durand), pero si lo que prometen no existe, es una estafa. Es horroroso el edificio, es un asco, un yuyal, es una cosa espantosa lo que hicieron. Si te prometen una cosa, te cobran por eso, pero al final te dan otra cosa y por más dinero, ¿cómo se llama eso?”, cuestionó.

Llamativamente, según indicó, el cobrador ya no pasa por su casa luego de que haya visto cuál era el producto que le quisieron dar. Añadió que no puede recuperar su dinero porque en el contrato se establece la no devolución, pero en contrapartida permite al cliente ver otras opciones, las cuales -según contó Olivera- no existen en la práctica.

La profesional sostuvo que accionar judicialmente conlleva su costo, por lo que muchas personas siguen pasando un calvario con la empresa Mocipar.

A través de las redes sociales, los afectados comenzaron a juntarse para presentar una denuncia masiva. Instaron a ponerse en contacto con la señora Liza Ortiz al (0971) 607-754. La misma contó que hasta el momento están integrando el grupo 92 personas, pero resaltó que existen otros cientos en las mismas circunstancias y que están agrupando los casos para recurrir a la justicia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.