Miryam Josefina Peña Candia, Fausto Edia Portillo Ortellado, Fernando Andrés Beconi Ortiz y David Alider Ruiz Diaz Armoa acercaron sus documentos al Consejo de Magistratura para postularse al cargo de Ministro de la Corte.

Miryam Josefina Peña Candia de 69 años, egresó de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo un doctorado en jurisprudencia.

En los años 1973 hasta 1977 trabajó como abogada particular, en 1977 hasta 1980 inició su carrera como agente fiscal, su carrera como Juez en lo Laboral inició en 1980 hasta 1984, es Miembro del Tribunal de Apelación del Menor desde 1984, docente de la cátedra de Derecho Civil y de la Niñez y Adolescencia de la U.N.A. (desde 1993), también es docente del curso de Doctorado de la U.N.A. y en la Escuela Judicial.

Fausto Edia Portillo Ortellado de 66 años, también egresó de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo un doctorado en jurisprudencia.

Trabaja como abogado desde 1989, fue Síndico General de Quiebras (2002-2005) y ejerce la docencia en las áreas de Economía Política y Derecho Tributario de la U.N.A. desde el 2006 hasta la fecha.

Fernando Andrés Beconi Ortiz de 39 años, es otro de los egresados de la Universidad Nacional de Asunción y también obtuvo un doctorado en jurisprudencia.

Trabaja como abogado desde 2000, es asesor jurídico de viras empresas privadas, docente de Derecho Mercantil, Derecho Civil y Quiebras de la U.N.A. Ocupa el cargo de Coordinador de la Maestría de Ciencias Jurídicas de la U.N.A., y es docente en la Facultad de Derecho de Granada-España desde el año 2010 hasta la fecha.

David Alider Ruiz Diaz Armoa de 43 años, también obtuvo un doctorado en jurisprudencia de la UNA.

Ejerce la abogacía desde 1996 y es Juez de Paz desde 1997, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y Adolescencia de Caazapá (2004-2008), Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de Caazapá desde 2008 y Docente Universitario de la materia de Civil en la Universidad Católica de Guaira desde el 2005.

Hasta el momento son 23 postulantes los que competirán por el cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.