Los once campesinos se reparten los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio en grado de tentativa, en relación con la muerte de seis policías ocurrida durante un desalojo violento de un grupo de labriegos que ocupaba unas tierras para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Mientras tanto, no hay ningún imputado por la muerte de once campesinos durante este desalojo violento, ocurrido el 15 de junio de 2012 en una finca del distrito de Curuguaty (este).

Tras decidir no prestar declaración en el juicio, el tribunal a cargo de la causa fijó el próximo 14 de junio para la exposición de los alegatos finales por parte de los fiscales y de los defensores, informó la Fiscalía paraguaya.

La fecha coincide con la víspera del cuarto aniversario de la masacre de 2012, cuyo eco provocó una semana más tarde la destitución del presidente Fernando Lugo, en un controvertido juicio político que fue tildado de “irregular” por organismos internacionales como Mercosur y Unasur.

La pasada semana, los once acusados también rechazaron participar en la reconstrucción de la masacre que se realizó en el lugar de los hechos, en la que intervinieron los jueces, fiscales y defensores, además de un centenar de testigos, en su mayoría personal policial.

Los defensores denunciaron hoy que, durante esta reconstrucción, uno de los acusados, Rubén Villalba, el único de los procesados que permanece en prisión por una causa anterior a la masacre, fue amenazado por uno de los testigos policiales citados a declarar.

La defensa recordó además al tribunal que aún falta que se reciban varios documentos solicitados utilizados como pruebas, pero los jueces manifestaron que en caso de que no se tengan en tiempo oportuno, esos elementos serán desestimados.

La sección paraguaya de la organización Amnistía Internacional lamentó este lunes en un comunicado la falta de una investigación “exhaustiva, independiente e imparcial” sobre la masacre de Curuguaty, dado que la Fiscalía se centró solo en esclarecer las muertes de los seis policías, pero no las de los once campesinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.