En abril, después de finalizar una huelga de hambre de 58 días, un tribunal ordenó la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario para Villalba y otras cuatro personas acusadas de la masacre, en la que murieron seis policías y once campesinos en las cercanías de la localidad de Curuguaty (norte).

Sin embargo, el mismo día Villalba reingresó en la prisión de Tacumbú, en Asunción, debido a que el Juzgado de Garantías revocó la excarcelación al tener pendiente una acusación por delito de coacción ocurrido en 2008 durante una protesta campesina.

Su abogado, Gustavo Noguera, dijo a Efe que Villaba debería estar en arresto domiciliario debido a que el código penal paraguayo establece que la prisión preventiva no debe superar al equivalente a la pena mínima de la acusación, que en ese caso es de seis meses.

“Lo que hicieron fue reflotar una causa que estaba muerta y esperamos que la sala penal de la Corte asuma su responsabilidad porque no tiene sentido tener una Constitución y firmar unos pactos internacionales que luego no se respetan”, declaró Noguera.

La causa se refiere a la supuesta participación de Villalba en la retención de un vehículo de la Fiscalía que investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al monocultivo de soja en colonia Pindó, donde los campesinos protestaban aduciendo que los dueños estaban fumigando sin las mínimas medidas de seguridad.

Según Noguera, la sentencia máxima por el delito imputado es de tres años y añadió que la ley establece que la prisión preventiva solo puede ser impuesta cuando los hechos superen penas de cinco años y se refieran a delitos que atenten contra la vida o integridad física de las personas.

Villalba cumplirá dos años en prisión preventiva el 27 de septiembre, dijo Nogales.

La matanza de Curuguaty ocurrió en un enfrentamiento cuando la Policía intentó desalojar a campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del exobispo Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento como presidente de Federico Franco, del Partido Liberal.

Los trece campesinos imputados enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay imputados por la muerte de los once labriegos.

El juicio contra ellos está marcado para el 17 de noviembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.