El suboficial Freddy René Toledo Silva, uno de los que participó del procedimiento se ratificó en lo que mencionó en el juicio oral y público. En ese sentido dijo que fue con sus camaradas al sitio para proceder al desalojo, pero que los ocupantes actuaron contra ellos.

“Nosotros entramos con buenas intenciones para hacer la leer la orden judicial, pero cuando el subcomisario alzó la mano y se acercó a ellos para hablar, uno que estaba al lado de Villalba le juró con un machete”, dijo y resaltó que los ocupantes comenzaron a disparar. “Nosotros ahí empezamos a disparar también, no hay secreto en esto, no es cosa de otro mundo y no es verdad que entramos disparando”, dijo.

Respecto al motivo por el cual ingresaron con armas, indicó que pertenecen al grupo táctico y su misión, amparada por la Constitución Nacional, es actuar ante hechos como el ocurrido.

El enfrentamiento se inició alrededor de las 7:30 del viernes 15 de junio de 2012, en la propiedad reclamada por la familia del exsenador colorado Blas N. Riquelme. El inmueble está ubicado a 35 kilómetros del centro de Curuguaty.

Los policías víctimas fatales fueron: El subcomisario Erven Lovera; el oficial inspector Osvaldo Sánchez; los suboficiales Jorge Alfirio Rojas, Wilson Cantero, Juan Gabriel Godoy, Derlis Benítez.

Los campesinos fallecidos: Arnaldo Ruiz Díaz, Luciano Ortega, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Francisco Ayala, Andrés Riveros García, Luis Paredes González, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos Lara, Fermín Paredes González.

Resultaron heridos: el comisario principal Miguel Anoni Paredes; el oficial 1° Antonio Gaona; los suboficiales Alcibiades Benítez, Nelson Zaracho, Francisco Morínigo, Agustín Duarte, Evelio Riquelme, César Horacio Medina, Melanio Gómez, Julio Báez, Mariano Ojeda, Inocencio González Duarte y Néstor Ramón Rojas, además de una veintena de labriegos.

NOTA DE REDACCIÓN: Intentamos comunicarnos con los demás policías para conocer sus versiones, pero varios no respondieron. De entre los que sí atendieron, algunos mencionaron que necesitaban el permiso correspondiente de sus superiores para hablar y otros que ya no querían tocar esa parte del pasado al haber sufrido mucho.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.