“Es imposible que haya una condena, y si la hay será arbitraria y errónea, parcial como lo fue la investigación, para condenar a personas inocentes, con el fin de evitar que los campesinos continúen con sus luchas sociales”, declaró Sisco.

La Fiscalía pide penas de entre 5 y 30 años de prisión contra once campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso.

La acusación se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando centenares de policías desalojaron a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se unieran a la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo en el que fallecieron seis policías, por cuyas muertes hay once personas acusadas, y once campesinos, cuyos fallecimientos no fueron investigados por la Fiscalía.

Sisco, que participó este miércoles de los alegatos finales de la defensa, declaró que “no existen pruebas” para sostener las acusaciones contra los campesinos, sino solamente “las alegaciones confusas de los policías” que participaron en el desalojo, y las “conclusiones ilógicas de la Fiscalía”.

Sisco explicó que, en el cargo de homicidio, la acusación se basa en que algunos testigos declararon haber visto a una persona con remera roja, que llevaba también gafas de sol, tapabocas y capucha, empuñando un revólver contra Erven Lovera, comandante del desalojo que falleció en el tiroteo.

La Fiscalía concluyó, con base a los testimonios pero sin disponer de pruebas, que la persona del revólver era Rubén Villalba y solicitó una pena de 30 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad contra él, explicó el abogado.

Para otro de los acusados, Luis Olmedo, la Fiscalía pide 25 años de prisión argumentando que durante una pericia se encontraron rastros de plomo en una de sus manos, lo que según los fiscales demuestra que disparó un arma.

Sin embargo, el abogado detalló que la pericia no permitió determinar si la cantidad de metal encontrada en las manos corresponde con el disparo de un arma, y dijo que en los trabajos de mecánica o manipulación de químicos agrícolas que realizaba Olmedo también pueden quedar rastros de plomo en las manos.

Agregó que las escopetas caseras calibre 28 incautadas por la Fiscalía y que supuestamente pertenecían a los campesinos dieron negativo en las pericias, por lo que no fueron disparadas.

El abogado detalló además que la acusación de inmueble ajeno carece de sentido, ya que los campesinos contaban con autorización del Estado para permanecer en las tierras, que según un decreto iban a ser destinadas a la reforma agraria.

El cargo de asociación criminal, por su parte, se basó en que los nombres de los campesinos acusados se encontraban presuntamente anotados en un cuaderno incautado por la Fiscalía, donde figuraban aportaciones de dinero de entre 1.000 y 5.000 guaraníes, reveló Sisco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.