Una de las causales del juicio político al contralor José Enrique García, que podría iniciarse mañana miércoles, fue el viaje que realizó una comitiva de la Contraloría a Madrid, España, entre el 14 y el 17 de noviembre para participar del “XXII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”.

La cita fue organizada por el propio CLAD, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública del Gobierno de España.

Según la planilla de viáticos que sospechosamente desapareció de la web de la Contraloría, a este viaje fueron dos altos funcionarios y el contralor. Lizza Fabiola Benavente, directora general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, se llevó un viático de G. 17.280.065, según publicaciones de ABC Color y ÚH.

También fue a la cita el director de la Asesoría Jurídica, César Bernardino Núñez Alarcón, quien es reconocido en el mundo masónico nacional e internacional por su alto grado y por ser un hombre de confianza de García. El funcionario se llevó la misma cantidad de viático que Benavente es decir, G. 17.280.065.

El tercer cupo fue para el mismo José Enrique “Chino” García quien se embolsó G. 21.628.316. En total, los tres viajantes se llevaron poco más de G. 56 millones, más de 8.100 euros, un dinero importante teniendo en cuenta que no se incluyen gastos de alojamiento y que solo permanecieron en el viejo continente cuatro días.

Lo que en la planilla del viaje se obvió fue la inclusión de un cuarto viajante: el doctor Euclides Acevedo, conocido político, panelista del programa En Voz Alta de Radio Monumental AM 1080 y gran maestro de la Logia Simbólica del Paraguay, un alto cargo en la masonería paraguaya al igual que el que ostenta César Núñez.

El diario HOY Digital accedió a un documento de la Contraloría General de la República en la que consta que se designa al doctor Euclides Acevedo como asesor externo ad honórem de la entidad a los efectos de participar del Congreso.

Como la planilla de viáticos desapareció de la Contraloría, no pudimos constatar si se desembolsó dinero para que el conocido como “Gallo Paloma” disponga de la misma cantidad de euros que la comitiva de la entidad.

Las fuentes filtraron el documento antes de que el mismo sea firmado por el contralor ya que, según mencionaron, la política de García es ocultar las resoluciones que podrían generar algún tipo de suspicacia a nivel mediático.

VIÁTICO INFLADO

En una denuncia presentada por los propios funcionarios de la Contarloría ante la Fiscalía se deja constancia de que el viático que se autoasignaron García, Núñez y Benavente equivale al que un funcionario lleva a un viaje al exterior por un período de 10 días.

Lo que cobraron de más el director de la Asesoría Jurídica y la directora general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, según los cálculos de los funcionarios, fue G. 6.915.600 .Por su parte, García se embolsó G. 8.655.800 más que lo que debió haber llevado.

Este viaje es uno de los motivos por los cuales la Cámara de Diputados está iniciando un juicio político contra el contralor. El mismo está imputado por no presentar en tiempo y forma la apelación de la Municipalidad de Asunción en el caso Ivesur que fue desfavorable a la Comuna capitalina causándole un perjuicio de US$ 3.600.000.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.