Lejos de tranquilizar a los 750.000 pobladores que continúan sin energía eléctrica, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), adelantó que el grupo criminal seguirá perpetrando este tipo de ataques.

“No va a ser la última torre que va a caer porque está establecido en el manual que han traído, no es nada nuevo”, expresó Ramírez y consideró que lo ocurrido es una abierta provocación del Gobierno.

En contrapartida, pidió paciencia y prometió que las cosas cambiarán. “Es cuestión de tiempo para que tengamos resultados, eso sí te puedo asegurar”, declaró Ramírez en charla con la 100.1 FM.

El militar señaló que los delincuentes actúan con el factor sorpresa, que sumado al “tamaño” del terreno y la supuesta complicidad de algunos pobladores, constituyen una ventaja para los criminales.

“No tenemos la condición de antecedernos a sus hechos, tienen toda la razón, no tenemos resultados”, reconoció el Mayor.

Mientras esto sucede, el colono menonita Abraham Fehr y el suboficial Edelio Morínigo continúan secuestrados por el EPP, sin posibilidades aparentes de un rescate.

El mayor habló también en 1080 AM, donde avisó que diría “mucho” y que tal vez eso mismo le costaría “un tirón de orejas”. Cuando en ese medio le reclamaron por la falta de resultados de la FTC, el vocero dijo que “demasiados elementos afines (a las fuerzas públicas)” apoyan al EPP con informaciones que terminan afectando el factor sorpresa de las maniobras de la FTC contra la banda criminal.

Comentó que muchas veces en los montes han “llegado donde el arroz está hirviendo, donde la cacerola está con agua hirviendo”, pero que los mismos “organismos integrantes de la lucha pasan el dato” de lo que van a hacer contra los epepistas, por lo que acaba cualquier sorpresa. Mencionó que para los interesados en sabotear la lucha de la FTC hay intereses como “coima de por medio, su tranza, su rollo tráfico, su abigeato”.

El mayor sin embargo no quiso dar nombres de esos soplones, tampoco quiso decir si incluía a políticos.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.