El fiscal Alfredo Acosta Heyn presentó imputación contra Rafael Esquivel, alias “Mbururú, y otros 17 indígenas que habrían tomado por asalto un establecimiento agrícola del distrito de Itakyry, sitio donde ingresaron fuertemente armados logrando reducir a los propietarios, luego incendiaron plantaciones y maquinarias, además sacrificaron animales y perpetraron saqueo en el lugar.

Los procesados, además de Esquivel, son Eduvigis Benítez Vargas, Jorge Ramón Jara Franco, Héctor Jonás Gauto, Armando Moisés Gauto, Juliano Goncalves, Diego Goncalves Díaz, Milciades Benítez Benítez, Lidio Rojas Soria, Fabio Waldemar Díaz Martínez, Lorenzo Díaz Martínez, Cristóbal Gauto Tapari, Juan Ignacio Gauto, Milciades Rojas Medina, Lorena Goncalvez Díaz, Juan Ignacio Tapari, Edilson Esquivel Benítez y Rubén Julio Paniagua Vera.

Los 18 detenidos afrontan los cargos de supuestos hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles, asociación criminal y coacción sexual y violación.

Los hechos se registraron este 20 de agosto pasado a las 13:00 horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en la colonia “Chacore’i”, Tapé Yke, distrito de Itakyry.

En la ocasión, “Mbururú” Esquivel, Diego Gonzcalves y Lorena Goncalves encabezaron un grupo de 50 indígenas, de la localidad de Ka’a Poty, que atropellaron la propiedad y redujeron a Pedro Rufino Torras Maldonado, a su esposa Rosalina Romero de Torras, a Francisco Leonardo Torras Romero, a Carlos Torras e Inocencio Ramos.

Según la investigación, los atacantes presumiblemente llegaron armados con machetes, foizas, hachas, cuchillos, palos y honditas y tomaron de rehenes a las víctimas, exigiendo que abandonen inmediatamente la propiedad, ínterin en que le propinaron golpes con los elementos contundentes y amenazándoles de muerte.

Posteriormente, incendiaron una plantación de camerún y un tractor. Luego, ingresaron hasta el tinglado, prendieron fuego a una máquina sembradora y una fumigadora. Asimismo, se habrían apoderado de herramientas de granja (desmalezadora, motosierras, machetes, azadas y hachas, entre otros).

Tras el hecho, derribaron el portón del tinglado y ocasionaron daños materiales en la casa, destrozando electrodomésticos y enseres. En ese momento, llegó al lugar Francisco Leonardo, a quien también propinaron golpes con machetes y palos, ocasionándole lesiones. Además de causar daños materiales a su vehículo y le despojaron de sus pertenencias (aparatos celulares, la suma de 3 millones de guaraníes, hojas de cheque, tarjetas de crédito, débito y documentos varios).

De igual manera, tomaron presuntamente de rehén a una mujer, a quien supuestamente Diego Goncalves, manoseó todo el cuerpo y la sujetó por el alambrado principal de la propiedad, advirtiéndola que la sometería sexualmente.

Acto seguido, los presuntos agresores procedieron a la matanza de animales de corral, tales como conejos, gallinas y cerdos. Tras ser alertados, acudieron al lugar efectivos policiales a cargo del subcomisario Bruno Vega, quien trató de dialogar con los sindicados, quienes en todo momento se encontraban en actitud belicosa. Más tarde acudieron al sitio refuerzos de diferentes reparticiones policiales, por lo que los supuestos atacantes se dieron a la fuga.

Tras todo lo ocurrido, las víctimas radicaron la denuncia y sindicaron como autores a los indígenas que están acampados en la propiedad de Abel Simoe de Almeida, en el sector conocido como Acaray Costa, distrito de Itakyry. Del mismo modo, señalaron como cabecillas a Rafael Esquivel, Diego Goncalves y Lorena Goncalves.

En prosecución de la investigación, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron primeramente un inmueble, ubicado barrio Don Bosco de Ciudad del Este, y detuvieron a Esquivel, quien se encuentra en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Luego, intervinieron el inmueble ubicado en la zona de Itakyry y también privaron de libertad a los 17 nativos, quienes igualmente se encuentran recluidos en el calabozo policial. Todos ellos están con pedido de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos presumiblemente cometidos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.