La jefa comunal convocó a una conferencia de prensa en la mañana de hoy, a fin de responder a las declaraciones de la interventora comunal, puesto a que hasta ahora no tuvieron oportunidad de ejercer su descargo por los canales correspondientes.

McLeod sostuvo que la interventora no tocó ni uno de los 19 puntos que motivaron la intervención del municipio, de igual manera exigió que demuestre con documentos que los funcionarios que fueron recientemente desvinculados efectivamente eran planilleros, teniendo en cuenta que el legajo de cada funcionario llamativamente permanece oculto.

“Han destituido a gente con discapacidad y después dicen que fue un error, interventora debe actuar en consecuencia y hacer lo que corresponde. Si dice que hay planilleros, que lo demuestre y no lo esconda”, insistió.

También hizo mención a una serie de irregularidades en el proceso de intervención, sobretodo en lo referente a la participación de los representantes de la intendencia, McLeod recalcó que al menos tres representantes deben acompañar la intervención, “tengo que saber lo que hace pero no lo sabemos, no recibimos los datos y queremos saber a quienes se refieren cuando hablan de planilleros”.

En lo referente a la denuncia de una caja paralela (denominada caja 9), la intendenta recordó que su administración emprendió una investigación que culminó con la destitución de varios funcionarios implicados en un esquema de recaudación que fue a parar directamente a los bolsillos de los involucrados.

“Los funcionarios en contubernio con gestores montaron una cajera inexistente para el cobro de impuestos, prometían que con el pago de una suma inferior a la establecida ya se ponían al día, pero ese dinero no ingresó a la comuna. Cuando el contribuyente reclamaba a la intendencia, le explicamos que la caja 9 nunca existió y que tanto el sello como el membrete eran falsos”, recalcó.

La intendenta sostuvo que la intervención no busca transparentar la gestión y que se trata de una persecución política impulsada el movimiento Colorado Añeteté, con apoyo de la Contraloría General de la República.

Por su parte el abogado Bernardo Villalba exigió a la interventora que deje el secretísimo y entregue los documentos solicitados, a fin de que puedan ejercer su descargo y en el caso de los desvinculados inicien acciones legales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.