Juan Almirón, asesor jurídico de la Sedeco, indicó a radio Ñanduti que la firma en cuestión fue multada por infracciones, en lo que respecta a la dignidad de la persona y a las prácticas comerciales desleales y coercitivas. La medida implica el pago de 400 jornales, es decir poco más de 30 millones de guaraníes.

El funcionario indicó que además la institución recomendó una medida correctiva en su política de gestión en el aspecto de telecobranza que llevan a cabo los trabajadores.

“Siempre dejamos en claro, nosotros no buscamos salir a multar por nada más para recaudar, sino que buscamos darle un enfoque distinto y mejorar la práctica comercial. Esto va a servir de ejemplo en cuanto a la mejora de las prácticas, porque muchas empresas recurren a métodos extorsivos para cobrar”, resaltó.

Almirón dijo que tras conocerse este polémico caso surgieron más denuncias similares.

Por otro lado, habló de la ley de prohibición de publicidad celular que busca proteger al usuario en llamadas, mensajes de texto o WhatsApp. “Las sanciones serían multas de 20 a 10.000 jornales”, explicó.

ASÍ FUE LA EXTORSIÓN Y EL MALTRATO

En el audio en cuestión se oye a una mujer identificarse como Carolina González, quien reclama a un cliente por qué no pasaba a cancelar su cuenta, que ronda los G. 2.200.000. El hombre le señala que días antes logró un préstamo de un banco de 2.500.000, pero que tuvo que abonar la factura de la ANDE y que usó el dinero para pagar otras cuentas.

“A mí no me interesa un carajo tu cuenta (de la ANDE). Tenés que pagar tu cuenta en Inverfin. Ya me tenés podrida porque priorizás otras cuentas. La empresa te está ayudando bastante”, dice de manera sulfurada.

Al indicarle a la operadora que solamente tenía consigo la suma de 200.000 guaraníes, la respuesta de la mujer fue: “Señor, ¿usted quiere ir en demanda judicial? Hacémelo fácil, decime: me voy a demanda. Entonces te mando embargar tu salario completo, más accesorios judiciales, más mis honorarios: 3.800.000 te voy a recargar sobre tu cuenta”, dijo.

“Tenías un compromiso, señor. ¿Cuál es tu problema? No me interesa tu monto de préstamo, porque lo que te daban era para pagar a Inverfin. Te desubicás, señor, sos un desubicado. Tenés una demanda de por medio. ¿No entendés eso? Firmaste un documento y desde el mes pasado que te estoy esperando. Como sea vas a cancelar tu cuenta, vas a robar un banco, de lo contrario yo te voy a meter preso por estafador porque tenemos mensajes de que te dimos los medios para pagar”, comentó la mujer, quien no permitía que el ciudadano dé a conocer su punto de vista en este caso.

La ciudadanía le indica que su “luz” no le daba de comer y que si se embargaba, hasta podría perder su trabajo. Además le señala que vaya a otro banco a sacar al menos 1.000.000 de guaraníes para que abone a la empresa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.