Guillermo Ferreiro, representante legal de la médica, relató, en contacto con HOY, que la mujer cursaba el postgrado de Anestesiología, como residente de primer año, cuando quedó embarazada en 2016.

Al año siguiente, cuando tuvo a su bebé, solicitó el permiso por lactancia, un beneficio establecido por Ley. Al mismo tiempo fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune cuyo tratamiento fue suspendido por continuar con el amamantamiento y lo que ocasionó ciertas ausencias en el curso de dicha especialización que cursaba la afectada, comentó Ferreiro.

El abogado indicó que desde ese momento comenzó el problema de su clienta con las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, quienes negaban los permisos correspondientes mediante acosos laborales, según la denunciante.

Ferreiro detalló que los hostigamientos consistían en una interminable burocracia para concederle el permiso de lactancia, seguida de largas jornadas de guardias, incluso más de lo que permite el reglamento.

Ante esta situación y exceso de trabajo, la afectada presentó las denuncias ante el Consejo Superior de la alta casa de estudios.

“Presentaron un sumario contra ella sin argumento, porque pidió permiso para dar de amamantar a su bebé. El segundo sumario, la misma cosa. Tenemos todas las pruebas de los acosos y malos tratos que ella recibió por parte de las autoridades de la facultad”, apuntó.

Manifestó además que, hasta la fecha, la afectada no pudo inscribirse aún para cursar el tercer año de la especialización.

“En marzo comenzaron las clases y hasta ahora no logró matricularse. Se presentó con una escribana y no le hicieron caso. Incluso le dijeron que cambie de profesión”, refirió.

El letrado lamentó la situación por la que atraviesa la médica y mencionó que la misma sigue tratamientos psicológicos porque está al borde de un colapso nervioso por estrés y pánico.

Por último, sostuvo que tienen todas las pruebas de la denuncia por acoso laboral que ya fueron presentadas en un primer momento ante las autoridades académicas de la facultad.

“Está con un segundo sumario con denuncias falsas, sin argumentos porque buscan de todas las formas apartarla del hospital y terminar con su especialidad”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.