El Dr. Arnaldo Montiel, médico cirujano del Instituto de Previsión Social (IPS), en entrevista con la 970 AM se encargó de aclarar lo ocurrido tras la denuncia de supuesta mala praxis durante una operación llevada a cabo el pasado 24 de mayo.

En primer lugar, mencionó que la paciente (de nombre Damiana Gaona) tenía un cáncer de estómago y que en ese tipo de operaciones lo que se debe hacer es extirpar el órgano afectado, en este caso, el estómago.

A su vez, aclaró que es un procedimiento que “se realiza normalmente en el IPS y en cualquier otra parte del mundo”, por lo que considera que se trató más bien de una complicación quirúrgica y no de una mala praxis.

Sobre el mismo punto, dijo que cualquier paciente puede llegar a tener algún tipo de complicación después de haberse realizado la operación, más aún considerando el cuadro de la paciente que padecía de cáncer. “Nosotros somos seres humanos, no somos infalibles”, manifestó el Dr. Montiel.

Respecto a la denuncia que había realizado el hijo de la mujer, Emilio Agüero, sobre la dificultad que tendrá a partir de ahora para ingerir alimentos, indicó: “No es cierto que ya no va a comer más, lo que hace es que quita el estómago y se reconstruye, luego se le hace un nuevo estómago del intestino delgado”.

También confirmó que antes de la operación ya se había tomado la decisión de quitarle el estómago a esta paciente y se les había explicado esa situación a los familiares. “Quizás no comprendieron o no nos dimos a entender”, sostuvo al respecto.

El Dr. Montiel refirió que la mujer ya fue derivada de la sección de terapia intensiva a una sala común donde va evolucionando y recuperándose. “Si no hay una complicación en 72 horas estaría ingiriendo alimentos por vía oral y si todo va bien en una semana más estaría de alta”, precisó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.