El doctor César Aponte, médico de familia, utilizó su cuenta de Twitter para hacer pública una denuncia en relación a la demora para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

Su periplo inició el 11 de febrero cuando se registró para acceder a una de las dosis a través de la plataforma Vacunate habilitada por el Ministerio de Salud.

Luego de haber transcurrido más de un mes de su agendamiento y no recibir ninguna notificación oficial, decidió enviar un email para pedir una pronta respuesta a los encargados de la vacunación en fecha 24 de marzo. Dicho correo no tuvo retorno.

Ya el 8 de abril, una persona de su entorno le confirma que “el sistema funciona” y que por ello debería recibir sin problemas la dosis antiCOVID así como sus demás colegas del personal de blanco.

Al día siguiente, Aponte finalmente recibió una respuesta oficial vía email confirmándole que se encontraba “pendiente de agendamiento” en el Sanatorio Migone. En el texto también le mencionaron que es el personal de Recursos Humanos de dicho centro asistencial es el que se encarga de esa tarea y por ello debería contactar allí para saber cómo quedó la cuestión.

Ese mismo 9 de abril, cuenta que empezó a llamar con insistencia al Migone para pedir que lo agenden. La respuesta que recibió es que “espere a que lo llamen”, pese a que el sistema seguía sin funcionar.

En medio de su relato, también pone de manifiesto su preocupación y pesar por la muerte de varios de sus colegas a causa del COVID-19, entre ellos el doctor David Insaurralde, un joven médico que se encontraba en primera línea y que, pese a haberse agendado con tiempo, nunca recibió la dosis y que finalmente terminó falleciendo.

Luego de una larga espera, el 13 de abril le confirman vía correo electrónico que ya pudo ser agendado para recibir la vacuna rusa Sputnik V al día siguiente en el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

Aponte señala haber acudido para recibir la dosis que le correspondía en el Hospital de Trinidad, tal y como le habían indicado el día anterior, aunque allí se encontró con la sorpresa de que no estaba inscripto y que, por lo tanto, no lo iban a vacunar. “Me senté y lloré. Lo digo sin vergüenza. La impotencia hace lo que quiere con el alma”, mencionó en su tweet.

Una hora después y tras enviar un último email en tono desesperado, este profesional finalmente pudo recibir la vacuna contra el COVID-19 por la que tanto tiempo insistió, aunque lamentando la excesiva demora y burocracia. “Si no sale la ANR seguirán improvisando nuestras muertes. Vacunar en orden doctores, personal de blanco, abues y población general. No es nio difícil, chore”, indica en su posteo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.