La comunicadora que visitó al zona para dicho reportaje resalta que a pocos kilómetros de llegar a la localidad ya se perciben las plantaciones del cannabis, que son ocultadas por los maizales. “Acá se siembra la marihuana que se comercializa en la Argentina”, indica.

“La marihuana de Paraguay (se destaca), como dicen, por su calidad. Tiene un 25% más de THC, es por eso que tiene mucha demanda”, refiere.

Pedro Juan Caballero es territorio de disputa de narcos, por la frontera seca entre amos países, dice y recuerda el atentado al narco Jorge Rafaat, quien fue acribillado con un arma potente cuyas balas traspasaron el blindado del automóvil en el que se desplazaba por el microcentro.

“Solo la gente que se mete en cosas malas tiene problemas. Tampoco hay que hablar”, dice una ciudadana consultada sobre la situación. “No se puede hacer una denuncia, porque los plantadores no me perjudican. Hay un trato con ellos para que no traigan armas. Son gente pobres los que trabajan acá. Los empleadores sí son los grandes, tienen plata. Ellos son terribles, no se puede decir nada”, dice a su vez un “brasiguayo” que posee hectáreas en el lugar.

Por su parte, el ministro de la Senad, Hugo Vera, reconoce en dicho material que PJC es un punto problemático por las drogas que se producen allí, y a eso se suma que es una zona de paso de la cocaína.

En un solo operativo, el organismo que conduce puede llegar a quemar más de 3 000 kilos de droga. Según cuenta, para los campesinos es mucho más rentable plantar marihuana que cualquier otro producto lícito. En el campo el kilo se vende a 20 dólares, pero en los centros de acopio les pueden llegar a dar hasta 70 dólares.

RECHAZAN MATERIAL EN PJC

Sobre este material, el intendente José Carlos Acevedo desmiente que la ciudad de Pedro Juan Caballero sea la “capital narco de Latinoamérica”.

“No es que sea cierto que el 50 % de la población esté metida en el narcotráfico. Tampoco existe 70.000 hectáreas de marihuana, como ellos dicen. Muy fuerte el material periodístico, no discutimos el problema de Pedro Juan, pero no es tanto como se dijo”, dice a la radio Ñanduti.

Sin embargo, reconoce que la Policía incumple con su labor y que la ciudadanía ya no confía en la misma. Así también, Acevedo indica que no existe un trabajo que logre el retiro de armas de las calles. “No discutimos que hay armas largas, pero nada se hace. ¿Qué podemos hacer si no nos hacen caso? Nadie hace nada”, cuestiona.

Aquí el video emitido por el canal argentino.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.